Gijón tiene previsto iniciar en septiembre conversaciones con el Principado de Asturias para establecer un convenio marco que permita al Ayuntamiento gijonés tener mayor responsabilidad sobre la vigilancia y control de las denominadas actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCAS), que actualmente dependen por ley de las administraciones autonómicas. Así lo acaba de anunciar Clara González-Pedraz, en su calidad de directora del área de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ayuntamiento de Gijón. Sería un paso más en el camino que recorre el Ayuntamiento gijonés para luchar contra la contaminación atmosférica, que es una de las mayores quejas de los vecinos de Gijón. Sobre todo de la zona Oeste.

En el caso de las APCAS, el Ayuntamiento de Gijón ya trabaja con el Principado en los procesos de inspección de las empresas a las que se exige ese nivel de autorización medioambiental. El año pasado, y sobre un total de 142 negocios que tenían esa consideración, el Ayuntamiento inspeccionó 45 y el Principado otras 28. En total, fueron 73 empresas inspeccionadas. Un 51% del total. González-Pedraz destacó ese porcentaje al compararlo con el 35% registrado en el ejercicio del año anterior. En el 2015, y sobre un total de 140 empresas, se inspeccionaron 49: 29 por el Ayuntamiento y 20 por el Principado de Asturias. Otro cambio importante entre ambos ejercicios es que en 2015 el Ayuntamiento contrató a una empresa para realizar esos trabajos de inspección y el año pasado se hizo directamente con personal municipal.

No es la única labor inspectora que se hace desde la concejalía de Medio Ambiente en materia de control de actividades contaminantes del aire. El año pasado, además, se hicieron inspecciones a 15 instalaciones industriales y a 120 calefacciones comunitarias. Además, de hacer una verificación documental de la situación de otras 200 instalaciones industriales y 600 calefacciones comunitarias. Este año el plan de control de instalaciones industriales sumarán otras 15 inspecciones a empresas.

También en 2016 se puso en marcha el denominado registro de incidentes medioambientales, que ha pasado de provisional a efectivo con la aprobación de la Ordenanza de protección del medio ambiente atmosférico, que entró en vigor en mayo de este año. Ese registro, se indica en la ordenanza, debe recoger las denuncias y los incidentes observados que puedan afectar a la calidad del medio atmosférico. Dichos incidentes se pondrán en conocimiento del servicio municipal correspondiente en orden a adoptar las medidas necesarias y/o dar traslado a la Administración competente". La ordenanza, dentro de las competencias municipales, fija sanciones de entre 750 y 3.000 euros.

Al margen de las inspecciones, pero no de las acciones que tienen que ver con el control de la calidad del aire en la ciudad, el Ayuntamiento tiene que asumir este año la instalación de cámaras de vigilancia. Algo de lo que ya se habla en el Plan de Calidad del Aire elaborado por el gobierno regional pero que también han pedido los vecinos a través de los presupuestos participativos . La propuesta presentada por la Federación de Vecinos de la zona rural de Gijón, "Les Caseríes" era ubicar siete cámaras de vigilancia con visión nocturna para controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera de la industria. Su propuesta es que se instalen en la Campa Torres, el depósito de agua de Jove, el polígono de Somonte III, entre Poago y Monteana, El Muselín y el polígono de La Peñona.

Esta propuesta cuenta con el aval del Consejo sectorial de Medio Ambiente, que fue también quien acordó que la nueva unidad móvil para el control de la contaminación atmosférica que el Ayuntamiento presentó en julio esté ubicada estos meses en el entorno del parque del Lauredal.