Abdou Ndiaye, conocido como "Makelele" -el hombre de origen senegalés acusado de la muerte de la hostelera gijonesa Sonia Meléndez Mitre el 16 de julio de 2015- abandonará esta mañana el Centro Penitenciario de Asturias, donde permanece recluido en prisión provisional desde el 1 de octubre de 2015. Al menos lo hará durante unas horas y sólo en el Juzgado para participar en la vista oral en la que el ministerio fiscal solicitará prorrogar su prisión preventiva hasta la celebración del juicio, una medida que exige la ley al cumplirse el tiempo máximo de privación de libertad para un reo, fijado en dos años.
A ello se opondrá firmemente la defensa del acusado al entender "que no existen las razones de excepcionalidad que justifiquen la prórroga". Su abogada, Ana Gloria Rodríguez, de M&R Abogados, sostiene que, pese a que la acusación que pesa sobre su cliente "es verdaderamente grave" -homicidio, que le atribuye la Fiscalía y asesinato, que le reclama la acusación particular- "entendemos que ello no es motivo suficiente para prolongar esta medida cautelar" puesto que "hace meses que se ha cerrado la investigación, no queda pendiente la práctica de ninguna prueba por lo que la libertad de Abdou no podría poner en peligro el buen curso de la causa porque sólo estamos a la espera de conocer la fecha del juicio", valora Rodríguez.
La letrada defensora de Abdou Ndiaye, y que pedirá la libre absolución de su cliente en el inminente juicio por jurado, rechaza el posible riesgo de fuga que aduce la Fiscalía. "Existe la posibilidad de evitarlo con otros medios, además de la propia falta de indicios de un riesgo de fuga cuando el afectado lleva dos años en prisión, lo que siempre acarrea una desconexión económica y social que minimiza notablemente el riesgo de fuga", sostiene. Para ello se basa en dictámenes tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo, quien "en varias sentencias ha declarado que en nuestro país se abusa de la prisión provisional utilizando esta figura como una especie de 'anticipo de la pena' en casos graves, cuando en nuestra legislación está configurada como una medida cautelar para proteger el buen curso de la causa". Es por ello que su petición de libertad se sustenta en que "no existen motivos para prorrogar esta medida porque las razones de urgencia y provisionalidad ya han desaparecido", añade Ana Gloria Rodríguez.
Por el contrario, para la Fiscalía no existe duda de que Abdou Ndiaye es el responsable de un delito de homicidio con agravante de parentesco y discriminación por razón de género. Un delito que le costó la vida a Sonia Mitre, exjefa y anterior compañera sentimental del acusado, y por el que reclaman quince años de prisión e indemnizaciones para la familia de la víctima (hija, madre y hermano) por valor de 210.000 euros. También lo tiene meridianamente claro la acusación particular, que calificó la muerte de Sonia Mitre como asesinato, por lo que su petición se eleva a veinte años de cárcel.
