Un informe pericial encargado por la acusación particular en el "caso Musel", que ejercen José Prendes y la Asociación de Vecinos del Alto de Aboño, sostiene que tanto la Autoridad Portuaria de Gijón como Tudela Veguín tramitaron como trabajos de explanación lo que en realidad era la apertura de nuevas canteras en el Alto de Aboño para aportar materiales para la obra de ampliación de El Musel. Al tramitarlo como explanación, consiguieron driblar los impedimentos que pone la legislación a la realización de actividades en terrenos incluidos en el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), donde está prohibida cualquier actividad minera.
El Informe de Valoración Económica de los Recursos Geológicos Existentes en el Alto de Aboño está firmado por los ingenieros técnicos de minas José Bergantiños Ortigoso y José Antonio Muñiz González. Está datado el pasado mes de julio y ya ha sido admitida su incorporación al sumario por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
"El uso del término explanación y su tramitación, no responde a otra intención que la de autorizar una cantera en unos terrenos con afección del POLA, en los que las explotaciones mineras están prohibidas", señalan los peritos. La Autoridad Portuaria modificó el Plan de Usos de Espacios Portuarios (PUEP) para incluir el Alto de Aboño como una nueva zona portuaria, justificando de ese modo el plan para extraer piedra y materiales de relleno de los mismos "que de otro modo no sería autorizable".
El Puerto adquirió parte de las parcelas del Alto de Aboño a Tudela Veguín y expropió a otros propietarios. Aún así nunca se llegó a desmontar ese terreno, después de que el Ayuntamiento de Carreño lo impugnara en los tribunales y la UTE Dique Torres perdiera interés por obtener materiales en esa zona. Sí se explotó una parte del Alto de Aboño, varias parcelas de Tudela Veguín colindantes a la cementera, también en terrenos del POLA, en las se amplió la factoría.
El informe pericial analiza las referencias a las actas del comité de gerencia de la UTE Dique Torres a la extracción de materiales de la "cantera" de Peña María y del resto del Alto de Aboño; los aspectos fisiográficos y geológicos y valora los recursos mineros.
Los peritos señalan que "la UTE, con anterioridad a la presentación de la modificación del PUEP del Puerto de Gijón, en una de sus primeras actas, la del 25 de abril de 2005" ya habla sobre la gestión de Peña María como cantera y señalan que la definición de cantera "es la que más se asemeja a lo ocurrido, siendo, si cabe, la explanada el resultado de esas labores mineras".
Como ejemplo dicen que el Puerto preveía rebajar hasta en 60 metros la cota del terreno del Alto de Aboño. "Parece bastante poco práctico que para conseguir la superficie de un pupitre de escuela (1 m2), se tenga que excavar la altura de un edificio de hasta 20 plantas", apunta el informe.
Finalmente, la única zona del Alto de Aboño que se llegó a explanar fue la perteneciente a Tudela Veguín, con licencia del Ayuntamiento de Carreño, que impugnó judicialmente el desmonte del resto de la zona. No obstante, los peritos consideran que la UTE habría tenido tiempo para desmontar el Alto de Aboño desde que tomó posesión de las fincas expropiadas, en diciembre de 2009 hasta que el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia de la Audiencia Nacional de 2011 que daba la razón al ayuntamiento de Carreño.
El Puerto preveía que del Alto de Aboño se hubieran extraído casi 11 millones de toneladas de materiales. Buena parte serviría para escollera, como se vio en la explanación de los terrenos de Tudela Veguín. La falta de escollera llevó a la UTE a tener que adquirirla en canteras comerciales, en algunos casos en la provincia de León. El Alto de Aboño tiene 32 hectáreas de terreno, en los que el Puerto se gastó 6 millones de euros.
8,35 millones de euros
El informe valora sólo las fincas expropiadas a José Prendes, que suman 3,13 hectáreas, de las que se podrían haber extraído 2,25 millones de toneladas de piedra y 1,61 millones de toneladas de rellenos. Los peritos estiman que el valor neto actual (que determina el lucro cesante) es de 8,35 millones de euros. Este informe podría dar pie a una reclamación indemnizatoria, en el caso de que sea imposible la reversión de los terrenos expropiados en los que se demolieron viviendas y edificaciones, lo que podría impedir el derecho de reversión.
Los peritos también consideran que otras fincas que no fueron expropiadas se han depreciado al haber empeorado trazado de los caminos para llegar a ellas.
