Isidro Alonso Sierra, contable de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres los años en que se llevaron a cabo las polémicas obras de ampliación de El Musel, declaró ayer en la Audiencia Nacional que su labor en Dique Torres era puramente administrativa y no directiva, por lo que cursó los pagos del programa "A ver la ballena" cumpliendo órdenes de sus superiores. Alonso Sierra fue contable de la UTE desde su constitución hasta el mes de junio de 2010.
La Audiencia Nacional abrió una pieza derivada del "caso Musel" -que sigue instruyéndose simultáneamente- denominada "A ver la ballena", que estudia la financiación del programa lúdico desarrollado en Gijón y que con el mismo nombre pagó Dique Torres para, según relataron en anteriores declaraciones sus responsables, "compensar" a los gijoneses por las molestias ocasionadas por las obras portuarias. En esta causa, el Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional investiga un supuesto delito de cohecho por los pagos de 901.917 euros que hizo Dique Torres para ese programa lúdico cuya organización la Autoridad Portuaria encargó a la Asociación Cultural Aeropuerto.
En su declaración, Isidro Alonso Sierra no se apartó un ápice del hilo de las declaraciones que los cuatro gerentes de Dique Torres hicieron hace unos meses ante la jueza Carmen Lamela, en el sentido en que no tenía capacidad decisoria ninguna dentro de la empresa y que su labor se limitaba a librar los pagos autorizados por sus superiores, en este caso para el programa "A ver la ballena". Siete de sus superiores ya declararon como investigados ante la jueza Lamela hace unos meses, al igual que la responsable de la empresa que desarrolló las actividades que conformaban el programa lúdico.
La declaración de Isidro Alonso era muy esperada en la Audiencia, ya que en dos ocasiones no acudió a declarar ante la jueza Lamela por encontrarse residiendo en Miami. El 18 de junio de 2015 no acudió al juzgado para declarar como testigo en la causa principal del "caso Musel" y en mayo de 2016 fue imputado por un supuesto delito fiscal al descubrirse que Dique Torres hizo pagos en especie y sin facturar a la cementera Tudela Veguín por el uso de sus canteras para la obtención de materiales para la obra de ampliación del puerto. Finalmente, esta línea de investigación fue desestimada al estimar el juzgado la prescripción del supuesto delito fiscal tras presentar un directivo de Tudela Veguín un recurso en este sentido.
En cualquier caso, queda pendiente su declaración en la causa principal del "caso Musel", aunque ayer no se descartaba que fuera en calidad de investigado y no de testigo como iba a ser en su primera citación judicial.
