La defensa de la gestión de la obra de ampliación de El Musel, que hizo la Autoridad Portuaria de Gijón ante el Tribunal de Cuentas, estuvo a punto de conseguir que este organismo fiscalizador diera carpetazo a las diligencias abiertas para reclamar responsabilidades patrimoniales a los gestores de la ampliación por supuestos pagos indebidos. La instructora de las diligencias preliminares en el Tribunal de Cuentas asumió todas las alegaciones del Puerto. El asunto no se ha archivado al oponerse Fiscalía y Abogacía del Estado.

Según el acta de liquidación provisional levantado por la instructora el pasado 31 de julio, en presencia del director general del Puerto, José Luis Barettino, de la secretaria del Consejo de Administración, Lucía López y de un representante de la Fiscalía, "los registros contables de la Autoridad Portuaria reflejan adecuadamente los costes en que se ha incurrido en la ejecución de la obra de ampliación, así como la situación financiera de la Autoridad Portuaria de Gijón con relación a dicho proyecto".

La instructora se mostró proclive a archivar el asunto argumentando que el margen de actuación del Tribunal de Cuentas es muy restrictivo y que no puede entrar a despejar cuestiones que competen a otros tribunales como los de lo contencioso. Así, indica que no le corresponde al Tribunal de Cuentas revisar la legalidad o no de la modificación del contrato con la UTE Dique Torres que dio lugar a los sobrecostes, sino comprobar si los pagos están soportados por ese contrato y adecuadamente contabilizados. Lo mismo respecto a los pagos a través de Dique Torres a la asistencia técnica a la dirección de obra y a la Universidad de Granada, por los ensayos sobre los diques.

En ese sentido, la instructora apunta que el Tribunal de Cuentas presume la legitimidad de los contratos mientras la misma "no sea revisada por la jurisdicción a la que corresponda o falte, al menos, formalmente alguno de los requisitos esenciales para su validez".

Precisamente la Abogacía del Estado solicitó que se siguiera adelante con el procedimiento por alcance al considerar que la instructora no tuvo en cuenta para su valoración el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) ni la investigación penal en la Audiencia Nacional entre otras cuestiones por supuesta malversación. La Fiscalía añadió otro argumento; que no se han explicado las razones por las que se cambiaron las canteras inicialmente previstas para la obra de ampliación, cambio en base al que se justificaron la mayor parte de los sobrecostes.

Esa fue la respuesta de Fiscalía y Abogacía del Estado al acta provisional de la instructora, quien se había decantado por las alegaciones formuladas por la Autoridad Portuaria de Gijón. El Puerto señaló que la modificación del proyecto de ampliación de El Musel, que dio lugar a los sobrecostes, "no sólo no determinó un perjuicio, sino que, al contrario, determinó un beneficio para el erario público" al evitar los costes de una eventual reclamación por rescisión del contrato por Dique Torres y una nueva licitación al alza mientras el mar se hubiera llevado lo ya construido. El Puerto también presentó el informe encargado a American Appraisal que dice que la ampliación vale 92,29 millones de euros más de lo que el Puerto pagó por ella.

La instructora también acogió las alegaciones de que las revisiones de los contratos se debieron a la demora en la apertura de las canteras y a "la severa climatología marítima". La instructora también señala que el Puerto le remitió copia certificada del acta del Consejo de Administración de 18 de diciembre de 2007 en el que se aprobó técnicamente el proyecto modificado, que fue firmado por su presidente.