Una orden ministerial obligará a las empresas a presentar avales bancarios o a hacer un seguro para cubrir los daños que aparezcan en los 30 años posteriores a un siniestro o incidente, derivados de la contaminación accidental que se ocasiones con el mismo. La medida afectará a todas las empresas asturianas, empezando por las 38 mayores, que tienen hasta el 30 de octubre de 2018 para presentar ante el Principado la declaración de responsabilidad y las garantías económicas exigidas, según explicó ayer el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, quien participó, acompañado por la jefa de servicio de control ambiental del Principado, Paz Orviz, en un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de Gijón.
"Tenemos que avanzar en conjunto administración y empresarios para buscar una solución a un tema que es complejo", señaló el viceconsejero, quien apuntó a que los seguros de responsabilidad para las empresas se encarecerán. El motivo es que los seguros sólo cubren hasta 3 años después de que cese la actividad, mientras que los 27 restantes los cubrirá el fondo de compensación "que se nutre del incremento de las pólizas y ahí es donde está el carajal".
