La defensa de los directivos UTE Dique Torres, que ha solicitado el sobreseimiento del "caso Musel" y de la pieza separada por "A ver la ballena", afirma que los 902.517 euros que Dique Torres pagó a la Asociación Cultural Aeropuerto, organizadora del programa lúdico, no encarecieron la ampliación de El Musel. La UTE, constituida específicamente para ejecutar esa obra, argumenta que esos pagos se contabilizaron como "gastos generales", por lo que "no eran fondos provenientes en última instancia de la Autoridad Portuaria de Gijón, ni recibidas de esta en virtud del pago de las certificaciones de obra".
La defensa, ejercida por el abogado Gonzalo Rodríguez-Mourullo, sostiene que los pagos de la UTE fueron transparentes, mediante cheque o transferencia bancaria y sufragados por las aportaciones periódicas de las empresas "sin incrementar de forma alguna el coste de la obra para la Autoridad Portuaria".
La defensa insiste, en base al análisis de las cuentas de la asociación y de las de su representante, que el dinero aportado por la UTE no se desvió a ningún funcionario público, sino que se empleó íntegramente en los eventos patrocinados. También sostiene que el coste de la organización de los eventos fue proporcional y que el patrocinio de Dique Torres fue publicitado.
Uno de los argumentos de la UTE es que "A ver la ballena" tuvo otros patrocinadores, en su primera edición. Además, la defensa señala que "Dique Torres fue ajena a los procedimientos administrativos seguidos por la Autoridad Portuaria en la contratación de la Asociación Cultural Aeropuerto", contratación que opinan que se hizo de forma legal y "distó mucho de ser arbitraria".
Recomendación municipal
La UTE resalta que la asociación existe desde 1999 y que a los responsables del Puerto "les fue recomendada por el Ayuntamiento de Gijón". La defensa tilda de "absurdo" que el patrocinio se usara para retribuir un supuesto trato de favor ya que "la Autoridad Portuaria de Gijón no dio nunca un trato de favor a la UTE Dique Torres ni adoptó ninguna decisión contraria a la legalidad". También considera "impensable" que los pagos fueran "una forma de premiar la adjudicación de la obra, acordada por unanimidad del Consejo de Administración" del Puerto. Dique Torres sostiene que es usual el patrocinio empresarial de actividades culturales o deportivas y que en este caso buscaba mejorar su imagen pública por las molestias de las obras.
