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Dique Torres rechaza indemnizar al Estado por la retirada de subvenciones de la UE

La UTE considera que no le pueden exigir los 247,5 millones de euros porque la Comisión aún no ha dictado la resolución definitiva al respecto

La UTE Dique Torres (Dragados, FSP, SATO, FCC y Alvargonzález Contratas) rechaza que el Estado le pueda reclamar que le pague los 247,5 millones de euros de Fondos de Cohesión concedidos para la obra de ampliación de El Musel, pero que la Comisión Europea ha decidido revocar a raíz del informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que destapó las supuestas irregularidades en la obra de ampliación y que ha servido de base investigación del Juzgado Central de Instrucción numero 3 de la Audiencia Nacional.

La Comisión Europea comunicó a España en octubre de 2014 que asumía el criterio de Antifraude, con lo que planteaba la devolución de los 198 millones de euros que ya había pagado al Puerto y la liberación de los 49,5 que tenía consignados para pagar el resto de la subvención. La decisión no era firme, dado que el Ministerio de Hacienda, así como la Autoridad Portuaria, podían alegar, algo que hicieron. Bruselas aún no ha resuelto al respecto y es probable que espere para ello al resultado del proceso penal abierto en la Audiencia Nacional. Entre otros argumentos, la Comisión justificaba la retirada de la totalidad de las ayudas por la demora del Estado en iniciar acciones judiciales -el informe de la OLAF, remitido a la Comisión, al Ministerio de Hacienda y a la Fiscalía databa de marzo de aquel año- con lo que consideraban que se estaba favoreciendo la impunidad, dificultando la obtención de pruebas y mediante la posible prescripción de los delitos.

Dique Torres se acoge precisamente a que Bruselas aún no ha llegado a dictar una resolución definitiva sobre la revocación de las subvenciones para apuntar que "a día de hoy, la Comisión Europea no ha reclamado formalmente al Estado español la devolución de las cantidades subvencionadas. Lógicamente, en tales condiciones tampoco tiene sentido una eventual reclamación de tales cantidades a la UTE Dique Torres". Este es uno de los argumentos que la defensa de 20 de los directivos de la UTE, de las empresas que la integran y de sus matrices, ha planteado en las 391 páginas de alegaciones que ha remitido a la juez para solicitar el sobreseimiento de la causa.

La probable devolución de las subvenciones europeas es la puntilla aun proyecto que se licitó y adjudicó en enero de 2005 en 499,35 millones de euros, se liquidó en 2011 en 708,7 millones de euros (ambas cifras sin IVA) y respecto al que la UTE Dique Torres reclama a través de los juzgados de lo contencioso otros 350 millones de euros adicionales, fundamentalmente por sobrecostes que no reconoció el Puerto.

Para poder asumir los sobrecostes, Puertos del Estado concedió, a través del ICO, un crédito de 215 millones de euros. Este crédito y el concedido por el Banco Europeo de Inversiones se han reestructurado, derivando el grueso de las amortizaciones para los últimos años de ambos, para evitar ahogar económicamente a El Musel, ante los escasos recursos generados por los nuevos muelles de la ampliación respecto a lo que se preveía al proyectar la obra.

El Estado ha anunciado que en caso de que haya que devolver las ayudas europeas será Madrid y no El Musel quien lo afronte. Para Dique Torres, en cambio, no sólo no es posible que les pidan compensar la pérdida de ayudas europeas, sino que cree que ni siquiera la UE tiene argumentos para reclamárselas a España. Dique Torres cuestiona las conclusiones y el método empleado por los investigadores de la OLAF.

La UTE ha planteado el archivo de la causa en la Audiencia Nacional al considerar que parte de los hechos han prescrito.

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