Tras la jubilación de Enrique Álvarez-Sala, el Ayuntamiento reorganizó la Oficina Técnica de Urbanismo: Ovidio Blanco Suárez -que tenía una cierta experiencia tras su trabajo administrativo en el Colegio de Arquitectos- se hizo cargo de las licencias urbanísticas y María del Mar Benito Pallarés de los proyectos de nuevas obras municipales. Pero aquella Corporación tuvo algunas prioridades: la fijación de dietas y demás, tanto al alcalde como a los concejales primando siempre al bloque de la mayoría gobernante constituido por el PSOE y el PCA -el único edil que no se llevó una sola peseta de las arcas municipales fue Francisco Álvarez-Cascos Fernández- y afrontar el nuevo planeamiento urbanístico.
Ardua tarea ésta que llevó muchos meses para concretar las bases y los pliegos de condiciones. Tras la convocatoria del preceptivo concurso dos fueron las empresas que se consideró que cumplían los requisitos de la convocatoria: la catalana "Urbanistas Asociados, SA" -cuyos técnicos estaban vinculados al Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) de tendencia comunista, que tenían como cabezas visibles en Asturias a Javier Fombella, Rami Noguera y Moisés Llordén- y la "asturmadrileña" que encabezaba Ramón Fernández-Rañada, en representación de Carlota Navarro Palanca y José Ramón Menéndez de Luarca.
Dos comisiones de cinco miembros cada una fueron constituidas para analizar las propuestas hechas: una política y otra técnica. La política estaba compuesta por José Manuel Palacio, Carlos Zapico, Aladino Cordero, Andrés Álvarez Costales y Joaquín Vázquez. El resultado fue muy ajustado -esta información es la primera vez que se publica, debido a que no siempre hubo transparencia en lo que realmente se cocía en los fogones de la Casa Consistorial- ya que mientras la comisión política dio cuatro votos a "Urbanistas Asociados" y solamente uno, el de Aladino Cordero -quien era el compañero de la arquitecta municipal María del Mar Benito Pallarés- al equipo de Ramón Fernández-Rañada; por el contrario, la comisión técnica -con representantes de los colegios profesionales asturianos- dio sus cinco votos al equipo de Ramón Fernández-Rañada, con lo cual ganó por 6-4. La adjudicación, por tanto, ya era indiscutible.
Gerardo Iglesias no intervino en la adjudicación
Es curioso porque el presidente de la Comisión de Urbanismo, Carlos Zapico había acusado al grupo comunista de cierta connivencia con el equipo catalán por afinidad política, lo que hizo rasgarse las vestiduras a Andrés Álvarez Costales. Sin embargo, Carlos Zapico no había votado en la comisión técnica la "opción Rañada". No obstante, lo cierto es que en contra de algunas informaciones tendenciosas que fueron difundidas, el secretario general del PCA, Gerardo Iglesias Argüelles nada tuvo que ver con todo aquel embrollo político que había sido inducido -sin su conocimiento- por otros conspicuos comunistas gijoneses. Una cierta tirantez política había entonces en aquel ambiente enrarecido, pero todo quedó aclarado en una discreta cena organizada por Ramón Cavanilles Navia-Osorio -en su casa en la calle de Cimadevilla, en Oviedo- con Gerardo Iglesias y Ramón Fernández-Rañada, quienes eran muy amigos desde los últimos años del franquismo. Una buena prueba de ello es que Ramón Fernández-Rañada, quien había sido presidente de la Junta Democrática de Asturias, a fin de que la Brigada Político-Social no le aplicase a Gerardo Iglesias por sus constantes detenciones como comunista la Ley de Vagos y Maleantes -lo que conllevaba multas de hasta doscientas cincuenta mil pesetas o tres meses de cárcel- lo tenía contratado como delineante en nómina en su despacho de Arquitectura de la calle de Fruela. Tras dejarle claro Ramón Fernández-Rañada a Gerardo Iglesias que él no le iba a pedir su voto, el secretario general del Partido Comunista respiró aliviado y aseguró que él nada tenía que ver con esas maniobras que fueron hechas a sus espaldas.
Una adjudicación en un pleno oralmente violento
Así llegamos al 12 de diciembre de 1980, fecha en la que el Ayuntamiento Pleno, tras hora y media de debate -que el alcalde José Manuel Palacio calificó de "oralmente violento"- en que Andrés Álvarez Costales rechazó la connivencia con el equipo de "Urbanistas Asociados SA" manteniendo que era un equipo urbanístico mucho más capacitado que el de Rañada afirmando con rotundidad que había intereses para adjudicárselo al equipo asturiano. Carlos Zapico rechazó que se pudiera tildar a su grupo de anticomunismo. Por lo que, en definitiva, se acordó la adjudicación de los trabajos para la revisión del Plan General de Ordenación al equipo de Ramón Fernández Rañada con los votos en contra de los concejales comunistas y de Felisa Uribarri y Joaquín Vázquez de UCD. El escrutinio total: 21 votos a favor contra 6 en contra. El contrato de la adjudicación para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana fue firmado dos meses después.
Con la reconversión industrial en la siderurgia y el naval, lo que motivó el cierre de numerosas empresas auxiliares, Gijón era entonces una ciudad en crisis que necesitaba encontrar nuevos horizontes. Pero nadie quiso entender entonces la clarividencia del equipo de Rañada cuando advirtieron que la única planificación urbanística coherente era la de aceptar como principio fundamental el crecimiento cero.
Discrepancias en el grupo del PSOE
El pulso entre los funcionarios apoyados por la UGT contra el presidente de la Comisión de Régimen Interior, por oponerse a diversas prebendas y concesiones salariales, José Luis Ortiz Hornazabal, motivó que presentase su dimisión -al no ser respaldado por sus compañeros del grupo del PSOE, Carlos Zapico, Aladino Cordero y Ovidio González- ante el secretario de la Agrupación Socialista de Gijón, Norberto Sanchidrián. Cuando el alcalde se enteró le montó la marimorena a José Luis Ortiz en el despacho oficial y, al final, la Comisión Municipal Permanente le dio la razón al presidente de la Comisión de Régimen Interior.
José Luis Ortiz así describe ahora aquel panorama: "Aquello era el antecedente del populismo. Utilizar el dinero público para ganar los favores de los funcionarios. En virtud de esa idea, no se cumplía las normas estatales de retribución de los funcionarios públicos, se iniciaba la carrera de que los funcionarios podían ganar más con determinados políticos que con otros. Lo pudimos frenar en aquel momento en Gijón, pero ya ves que cada Ayuntamiento y cada autonomía fueron haciendo su voluntad y el resultado es que en determinadas autonomías los funcionarios ganen mucho más que en otras. Así está Cataluña: déficit exagerado y salarios elevados para comprar la lealtad de los funcionarios".
El entoldado dio déficit
En su afán por la existencia de nuevos escenarios para los espectáculos, Daniel Gutiérrez Granda y el eficaz funcionario Miguel Acevedo también abrieron una nueva época para que Gijón fuese una cita fundamental para los grandes conciertos. El primer paso fue el de convertir la plaza Mayor en un punto de encuentro para la ciudadanía al ubicar allí el entoldado rojiblanco -instalado por "Toldos Barry" por tres millones de pesetas- pero el experimento supuso tres millones y medio de pesetas de pérdidas. Un déficit justificado por Daniel Gutiérrez Granda quien aseguró que se había dado un servicio importante para Gijón, dado que el cincuenta por ciento de los espectáculos habían sido de entrada libre y pasaron por allí más de setenta mil personas, destacando la afluencia de público en las actuaciones del Ballet Nacional y del "Nuevu Canciu Astur". Allí también canté yo.
La noticia musical más importante de aquel año fue el ingreso del gijonés Jesús González Alonso -excelente alumno del CODEMA- como profesor de "Virtuosismo de Piano" en la Escuela Superior de Viena, lo que nunca había logrado español alguno.
