Factorías Vulcano deberá pagar 25 millones de euros a los acreedores de su antigua filial, la desaparecida Factorías Juliana, después de que el Tribunal Supremo haya desestimado los recursos por infracción procesal y casación planteados por la compañía viguesa contra la sentencia de mayo de 2015. Entonces la Audiencia Provincial de Oviedo ya doblegó los argumentos de Vulcano, a quien la administración concursal había acusado de actuar con "vampirismo" al frente de la subsidiaria y en detrimento del resto de acreedores. El fallo, del 20 de diciembre, concluye que "la insolvencia de Factorías Juliana se habría generado o, por lo menos, agravado", como resultado de la gestión del astillero vigués y de los ejecutivos José Domínguez, José Luis Méndez y Fernando Santodomingo. A ellos le confirma la inhabilitación de tres años "para administrar los bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier persona para el mismo periodo".
Desde Vulcano remitieron un "mensaje de tranquilidad" dado que los 25 millones de sanción están "íntegramente provisionados" en el programa de pagos concursal. "Hay normalidad absoluta", indicó un portavoz. La compañía cuenta únicamente con carga de trabajo hasta finales de abril, cuando está prevista la entrega del ferri encargado por Trasmediterránea, empresa integrada ahora en Naviera Armas. Desde Vulcano confiaron en sellar contratos a corto plazo -"la semana que viene tenemos visitas de varios armadores"-; el último para una nueva construcción lo firmaron hace más de diez años. Las últimas cuentas del astillero, de 2016, reflejan un volumen de negocio de poco más de 130.000 euros y pérdidas de 3,7 millones.
Como consecuencia del fallo del Supremo, además del pago de 25 millones, el astillero vigués nombrará a Pablo Santodomingo como nuevo director general (reemplazará a Juan Santodomingo), y una broker asumirá a finales de mes la dirección comercial que hoy mantiene Méndez.
La sentencia que acaba de ratificar el Tribunal Supremo respalda casi íntegramente la de primera instancia, en la que el juez consideraba que tanto Vulcano como sus administradores gestionaron el astillero filial, y concretamente la subcontratación de tres buques sísmicos a armadores noruegos, con actitud de "vampirismo" sobre Factorías Juliana. El objetivo sería salvar la difícil situación económica de la firma gallega, sin tener en cuenta los perjuicios ocasionados a la planta asturiana.
