El aumento de divorcios conflictivos está llevando a los centros educativos de Gijón a dar formación jurídica a sus docentes. Es el caso del colegio Montedeva, cuyo equipo directivo ha recurrido a expertos para conocer la normativa y "dotar a los profesores de herramientas básicas" frente a las separaciones polémicas que repercuten en su trabajo. Quién tiene el derecho de acceder a las notas de su hijo, quién se hace cargo de los pagos o quién puede recoger al menor son los interrogantes más frecuentes a los que intentan dar respuesta los expertos. El abogado Carlos Bello asegura que "cada vez más se traslada al centro la tensión entre cónyuges", lo que obliga a los maestros a manosear las copias de sentencias judiciales que afectan a algunas familias más que los propios expedientes escolares de los menores.
"Si antes teníamos una separación no amistosa al año, ahora tenemos ocho. El colegio se convierte en un campo de batalla y los profesores quedamos en el medio. Manejar la situación requiere un mínimo de formación", confiesa Isabel Sanz, directora del colegio público Los Pericones y portavoz del Comité de Directores de los centros de Primaria del área de Gijón. Sanz ve "fundamental" que se puedan extender esas clases de derecho en el ámbito escolar y reclama a la consejería de Educación la elaboración de un protocolo específico de actuación. El Principado imparte cursos puntuales a los equipos directivos, pero no al conjunto del claustro. De ahí que sean los centros los que tomen la iniciativa de buscar el asesoramiento de abogados especializados.
Alter Vía, la empresa que gestiona los colegios Montedeva en Gijón y Santa María del Naranco en Oviedo (las antiguas Ursulinas), utiliza a su propio equipo de letrados para dar formación a los docentes. "Ya recurrimos a ellos o a Inspección educativa para resolver algún caso concreto, pero los profesores nos demandaban una formación más genérica. Muchas veces intervenimos en un conflicto familiar con toda nuestra buena intención y al final lo que hacemos es complicarnos la vida", manifiesta el director del Montedeva, Miguel Marcos. Las clases, que se abren también al personal de administración, consisten en explicar conceptos básicos como la patria potestad (conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres con sus hijos) y la guarda y custodia (todos los aspectos derivados del quehacer diario: alimentación, cuidado, educación...), así como poner supuestos prácticos.
Ejemplo: Si los padres no pueden recoger al menor, ¿quién puede hacerlo? Primero habrá que consultar la sentencia judicial -de la que deben disponer en los centros- y ver si hay alguna resolución expresa. En el caso de que no la haya, el centro deberá exigir una autorización firmada para delegar la recogida en otra u otras personas. "Se trata de que adquieran un conocimiento básico, no de que se conviertan en expertos de derecho de familia", aclara Carlos Bello, uno de los responsables de Alter Vía y de Consultores Legales, con sede en Madrid. Sus abogados imparten cursos sobre separaciones por toda España. "Las comunidades educativas son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad y muchas veces los colegios se convierten en el lugar donde se tienen que resolver los problemas", añade Bello.
Las estadísticas evidencian esta realidad: Asturias fue la tercera comunidad autónoma en las que mayor número de demandas de divorcio se presentaron en el segundo trimestre de 2017. La crisis económica está, según los expertos, detrás de tanta crispación. "El problema no es escolar, sino familiar. Y no tenemos por qué saber de leyes, pero al final no nos queda más remedio si queremos proteger al menor", manifiesta Miguel Marcos. El objetivo siempre tiene que ser "salvaguardar al alumno y permitir que participe en la formación educativa con la mayor normalidad". La portavoz de directores gijoneses Isabel Sanz, afirma que los profesores evolucionan hacia profesionales todoterreno, que lo mismo tiene que saber de derecho que de psicología o nuevas tecnologías.
A la espera de un protocolo oficial de actuación, el Principado no ofrece más instrucciones a los centros que las derivadas de una orden del Ministerio correspondiente a enero de 1997. El escrito en cuestión resuelve si el progenitor sin la custodia del niño tiene derecho a recibir sus resultados académicos. Como requisito fundamental, el Gobierno exige a los padres divorciados solicitar las notas mediante un escrito dirigido al director. A partir de ahí, el colegio consultará la sentencia judicial y si no hay oposición expresa en el fallo, deberá remitir al padre o a la madre la información sobre el rendimiento escolar de su hijo.
