El exadministrador de una empresa asturiana dedicada a la contratación de limpiezas industriales declaró ayer ante la sección octava de la Audiencia Provincial en calidad de acusado por un delito de administración desleal por el que afronta la pena de dos años y seis meses de prisión, el pago de una multa de nueve meses con cuota diaria de ocho euros (2.160 euros) y el abono de una indemnización de 94.200,73 euros. El procesado negó los cargos a los que se enfrenta.

Según la Fiscalía, el procesado disponía de una tarjeta para gastos de representación con la que efectuó disposiciones en efectivo por importe de 87.650 euros que incorporó a su patrimonio además de disponer de una línea de teléfono móvil, que utilizaba su familia, que facturó 3.464,46 euros entre marzo de 2004 y julio de 2011. Además poseía un coche de empresa con el que realizó repostajes para su uso personal por valor de más de 3.000 euros.