12 de enero de 2018
12.01.2018

Los expropiados de El Arbeyal abandonan sus propiedades entre lágrimas de rabia

"Nos tratan como si fuéramos de la ETA, no hay derecho", lamentó Violeta Suárez cuando la Policía la instó a abandonar la vivienda en la que nació

12.01.2018 | 03:31
Los expropiados de El Arbeyal abandonan sus propiedades entre lágrimas de rabia

Lo sabían desde hace tiempo pero no por ello se les ha hecho menos duro. Los afectados por las expropiaciones del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Arbeyal -unos terrenos en los que se prevé la edificación de 200 viviendas y espacios dotacionales de usos deportivos- no podían contener sus lágrimas cuando la Policía les instó a abandonar los edificios de la calle Pachín de Melás -en el barrio de El Natahoyo, una zona próxima al club Santa Olaya-, ni siquiera pese a los abrazos y muestras de cariño que recibieron de sus vecinos una vez que traspasaron la valla que los agentes habían instalado al inicio de la calle para evitar que nadie pudiese acceder. Pero las lágrimas dieron paso a la rabia.

"Nací aquí y a esto no hay derecho, si saliera el juicio y no me diesen la razón pues yo daría las llaves y me iría con la cabeza alta; pero así, con tanta policía, no hay derecho", apuntó Violeta Suárez, la última vecina de la calle, a la salida de la que fue su casa. Allí vivía con su marido, Eleuterio García, aquejado de gripe y al que la Policía condujo al Hospital de Jove a primera hora de la mañana. "Nos tratan como si fuéramos de la ETA, éstas son nuestras casas, no somos okupas", lamentó Violeta Suáez.

Los momentos más tensos se vivieron sobre las ocho de la mañana. La Policía Local, que en todo momento mostró comprensión con los afectados y sus familias, ya impedía el acceso a la nave industrial activa y a la vivienda. Esto molestó a los dueños de la empresa, Marmolería Santa Olaya, que tenía aún trabajos por terminar. En ese caso, la policía cedió y permitió el acceso de los empleados a ultimar las labores que tenían pendientes de entregar a una sidrería gijonesa. "El Ayuntamiento tiene permiso para desalojar pero no para derribar hasta que salga el juicio pendiente", defendió Estefanía García, dueña de la empresa, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias se pronuncie sobre la legalidad del PERI, que se aprobó en base al PGO de 2011 que fue anulado. Pero a media mañana comenzaron las labores de derribo.

La pasada semana, los afectados se encadenaron junto a sus propiedades para protestar por la medida decretada por el el Ayuntamiento de Gijón.

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