Un menor es sustraído cada día en España por alguno de sus progenitores, triplicando los casos que se daban hace una década. Así lo hizo saber ayer Guillermo Pérez Holanda, abogado especialista en Derecho Internacional Privado y profesor de la Universidad de Oviedo, en una charla organizada por el Partido Popular de Gijón bajo el título "Sustracción de menores en el ámbito familiar", en la que le acompañaron la Fiscal de Menores del área de Oviedo, Inmaculada Rodríguez Montequín y la presidenta de la comisión de Justicia del PP de Asturias Ángeles Fernández-Ahuja.
En Asturias, según datos aportados por Pérez Holanda, los casos se reducen a 70 al año, incluyendo cualquier tipo de secuestro, sustracción o desaparición, no solo de menores. Los datos nacionales tienen que ver con que "cada vez hay más matrimonios con uno de sus miembros extranjero, unido a los movimientos laborales a otros paises". Estos casos están regulados por el Convenio de La Haya de 1980, "un procedimiento urgente, especial y sumarísimo, que no decide sobre el fondo, sino cuyo mayor interés es restituir al menor y en el que lo más prioritario es su propio interés". De hecho, aseveró, "probablemente sea el procedimiento más rápido, pudiendo quedar resuelto en apenas un mes".
El jurista, enfatizó que "España es un país refugio, en el que los progenitores traen a sus hijos a su entorno familiar, y no los devuelven", entendiendo que "suelen ser situaciones extremas, si no, no se toma esa decisión tan drástica. Los menores suelen estar sometidos a un grave riesgo físico, psíquico o a la exposición de una situación intolerable".
Inmaculada Rodríguez Montequín repasó los aspectos penales del caso, cuyas penas oscilan de 2 a 4 años de cárcel y una retirada de la patria potestad de 4 a 10 años. Para ello, se ha de tratar de un caso "grave" de incumplimiento, no del régimen de visitas -que sería tomado como desobediencia-, sino de la resolución de tutela.
La fiscal advirtió igualmente que las penas se pueden aplicar tanto a los progenitores como a sus ascendientes o relativos en hasta segundo grado de consanguinidad, es decir: abuelos o tíos de los menores o incluso parejas y hermanos de la pareja del progenitor. Además, recordó que, de probarse un caso de sustracción internacional, al aplicarse la horquilla mayor -3 o 4 años de cárcel-, implicaría el ingreso seguro en prisión.
