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Ayudas al alquiler: cuatro mil beneficiarios al año y más de cuatro meses de espera

El programa, uno de los más demandados y eje de la política social del Ayuntamiento, tiene una dotación económica de cuatro millones de euros

Sede de la Empresa Municipal de la Vivienda.

Unos cuatro meses es el tiempo mínimo actual de espera para acceder a una de las ayudas al alquiler que ofrece el Ayuntamiento de Gijón a través de la Empresa Municipal de la Vivienda. Un tiempo que muchos veces se prolonga hasta los seis meses y que dista mucho de los veinte días que, dicen antiguos beneficiarios y los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se tardaba no hace mucho tiempo. Todos en el entorno de Emvisa asumen esa dilación en los tiempos de espera. Aunque no todos se ponen de acuerdo en las causas. Algunos ponen sobre la mesa el gran volumen de trabajo de la entidad y su falta de medios y personal, otros la incapacidad de los actuales gestores del área del gobierno forista para hacer frente a la situación y otros las modificaciones y cambios de criterio que se imponen desde el Principado.

Para la PAH esta demora en la tramitación de las ayudas al alquiler es la razón de que las familias vayan acumulando deudas por impago y lleguen al precipicio del desahucio. Una realidad inminente para una decena de familias. Por ahora, porque a la Plataforma empiezan a llegar comunicaciones de nuevos casos. La búsqueda de alternativas a las familias que intentan sortear el desahucio se complica con la trabas burocráticas para acceder a las viviendas de emergencia del Principado.

Las ayudas al alquiler de vivienda son un elemento sustancial en la política social del Ayuntamiento de Gijón desde hace años. La envergadura de su trascendencia queda clara en el hecho de que, en los últimos ejercicios, hay una media anual de cuatro mil beneficiarios de esa ayuda, lo que supone un gasto para las arcas municipales de unos cuatro millones de euros. De hecho, la tramitación y concesión de ayudas -fundamentalmente las de alquiler por su cuantía- es el eje de la existencia de la Empresa de la Vivienda, que preside la edil forista Eva Illán. Además, estas ayudas municipales son un sustento del sector del alquiler de la vivienda en la ciudad. Algunas estadísticas de Emvisa aseguraban que uno de cada cuatro contratos de alquiler realizados en Gijón estaban subvencionados por esta vía.

En el año 2016 -el último con una estadística completa oficial-la memoria de gestión de Emvisa dejó constancia de 3.896 beneficiarios con una suma de importes de 4.017,001 euros. Las consultas personales recibidas por ese motivo fueron 45.680, casi un 8% más que el año anterior

En 2015 fueron 4.299 beneficiarios con un dotación económica de 4.029.666 euros y en 2014 la suma de beneficiarios computados quedó en 3.949 que se repartieron 4.052.364 euros.

El punto de partida presupuestario para este 2018 establecido por Foro fijaba un presupuesto para la Empresa de la Vivienda de 5,5 millones de euros -un 1,93% más que en 2017- con una aportación directa del Ayuntamiento de 5,2 millones de los que 4.088.000 euros iban directamente a ayudas al alquiler. La situación de prórroga presupuestaria que vive el Ayuntamiento no supone un cambio sustancial en estas previsiones ya que se prorrogan de manera automática transferencias del Ayuntamiento a Emvisa por una cuantía de 5.136.700 euros.

No más de 450 euros

Las actuales condiciones de este programa de ayudas establecen que la cuantía del alquiler a subvencionar no podrá superar los 450 euros mensuales. La ayuda se concederá inicialmente por períodos que pueden oscilar entre los 6 y 12 meses, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos para ello, pudiendo ser prorrogada, de persistir la causa que motivó la ayuda, hasta un período máximo de ocho años. Las solicitudes de prórroga deben hacerse con una antelación de cuatro meses. Los beneficios no podrán serlo de otras ayudas de alquiler y los colectivos considerados prioritarios son las unidades de convivencia con hijos (hasta los 25 años ) y/o discapacitados (superior a 65%) a cargo, solicitantes con discapacidad superior al 65%, víctimas de violencia de género, jóvenes hasta 35 años, familias en situación de riesgo o exclusión social y familias que hayan perdido su vivienda habitual por causas sobrevenidas. Los ingresos mínimos a justificar van de los 400 a los 450 euros, según los miembros de la unidad

A lo largo de 2017 se denegaron 76 solicitudes de ayuda o prórroga de ayuda al alquiler. No en todas las ocasiones el expediente acabó con toda la ayuda pérdida y en muy pocos casos se exigió la devolución de mensualidades ya entregadas. La casuística de denegación es variada pero fundamentalmente tiene que ver con irregularidades en el número de habitantes de la vivienda, que se detectan al cotejar los datos con el padrón municipal o al realizar las visitas de inspección.

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