Las advertencias que desde hace meses realizaba la Intervención Municipal, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y los grupos municipales de la oposición se han hecho realidad: el Ayuntamiento de Gijón incumplió en 2017 la regla de gasto que impone la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El avance de datos del cierre económico del pasado ejercicio -recién enviado al Ministerio de Hacienda- evidencia un incumplimiento cuantificado en 5,5 millones de euros.

La propia alcaldesa, Carmen Moriyón, y la edil de Hacienda del gobierno de Foro, Ana Braña, hacían ayer una comparecencia pública para anunciar la situación, de la que previamente informaron verbalmente a los portavoces de la oposición. El eje central del incumplimiento está en el gasto social lo que supone replantearse la actividad de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la dotación de recursos de todos sus programas. "El gasto social no puede ser ilimitado", sentenció Moriyón. El reajuste deja en el aire la renta social: el programa estrella del último año en la acción municipal y la razón de que Foro sacara adelante el presupuesto de 2107 gracias a la abstención de Xixón Sí Puede e IU en favor de ese programa.

El incumplimiento de la regla de gasto obliga al Ayuntamiento a elaborar y presentar un plan económico-financiero para 2018 y 2019 que fije medidas concretas -y su calendario de aplicación- con el objetivo de volver a los parámetros impuestos por la ley. Un corsé más a la economía de un Ayuntamiento que ha empezado el año en situación de prórroga presupuestaria con las limitaciones que eso impone en materia de inversión y la obligación de sacar adelante la mayoría de los ajustes en un Pleno donde el gobierno forista ni tiene la mayoría ni acuerdos estables para conseguirla. Gijón tiene tres meses para presentar ese plan, que debe tener la aprobación del Pleno y ser remitido tanto al Ministerio de Hacienda como a la comunidad autónoma, como administración tutelante. Los plazos para tener ese documento aún no han empezado a contar a falta del cierre oficial del ejercicio pero Moriyón anunció que ya se trabaja en él. La Alcaldesa negó que la situación suponga que las cuentas municipales tengan que ser intervenidas por el Principado.

El primer elemento que la ley de Estabilidad Presupuestaria impone al diseñar el plan económico-financiero es identificar las causas del incumplimiento. El gobierno de Foro las tiene claras. La primera causa está en la Fundación de Servicios Sociales que con una ejecución del 90,24% gastó el año pasado 24,3 millones de euros. Son 7,8 millones más que en 2016 aunque de cara a la regla de gasto el exceso se limita a 6,3 millones.

El segundo problema se encuentra en el compromiso del Ayuntamiento de Gijón, como socio de ambas entidades, en la devolución de los préstamos de Gijón al Norte y la Zalia. En 2016 la devolución fue de 1.753.000 euros y el año pasado se elevó a 4.337.000 euros: unos 2,6 millones más. Antes de 2016 estas devoluciones no computaban para calcular la regla de gasto.

Este 2018 al Ayuntamiento le tocará pagar por esos conceptos 4.558.200 euros: 1.687.200 en la Zalia y 2.871.000 en Gijón al Norte como entidad gestora del plan de vías. De hecho es una de las partidas -junto a los cinco millones para ayudas a fachadas- más importantes de la modificación presupuestaria a cuenta de un préstamo de 16,5 millones que Foro quiere presentar en el Pleno de febrero.

No hay mucha maniobra en este ámbito porque Gijón debe pagar lo que le corresponde; así que la pelota vuelve al tejado de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. La actual prórroga presupuestaria fija un presupuesto de 19.470.700 euros, que está muy lejos de ese gasto de más de 24 millones del año anterior. La prórroga reserva, entre otras partidas, 3,4 millones para ayuda a domicilio, 500.000 euros para asistencia, 1,7 millones para becas comedor y 3,2 millones para la renta social. Partidas que se quedan cortas si se las compara con ejercicios anteriores o con el propio presupuesto que se debatió en su momento en la Fundación y se elevaba a 21,7 millones como punto de partida.

"Hay el dinero que hay"

Moriyón adelantaba ayer que su gobierno llevará las necesidades de cada uno de los programas sociales a la junta rectora de la Fundación para que allí se tomen decisiones pero sabiendo "que no se puede seguir hasta el infinito. No podemos seguir al mismo ritmo de gasto social porque hay el dinero que hay". En este contexto la recién estrenada renta social, que recibió más de 4.900 solicitudes en las dos convocatorias de 2017, tiene difícil continuar. O por lo menos con el mismo nivel de gasto. La alcaldesa forista aseguraba ayer que ese programa nació el año pasado como algo extraordinario y "de manera puntual y transitoria" ante la posibilidad de dedicarle seis millones de euros de remanentes. De hecho, la forista insinuó que las exigencias de la oposición para aumentar el gasto social junto a "ocurrencias" como pedir la destitución del director general de Empleo (petición del PSOE) y la "obcecación" por remunicipalizar el servicio de ayuda a domicilio (exigencia de Xixón Sí Puede) frustraron cualquier posibilidad de pactar los presupuestos de 2018. Esas palabras hicieron que ayer mismo ya saltaran las primeras alarmas en Xixón Sí Puede con advertencias del tipo "¡La renta social no se toca!" hacia el equipo de Gobierno.

Ese es el tropiezo definitivo de Gijón con la regla de gasto. Aunque no el primero. Ya con el cierre de cuentas de 2015 llegó el sobresalto con un incumplimiento que luego se achacó a un error y quedó solventado y en 2016 se cumplió por un estrecho margen de 228.000 euros. Gijón cumple sin problemas con el resto de parámetros de estabilidad presupuestaria.