La polémica suscitada por el uso fraudulento que algunos de los beneficiarios de la renta social hacen de este tipo de ayudas municipales precipitó ayer las críticas de la oposición al gobierno local de Carmen Moriyón, exigiendo a Foro la implantación de más mecanismos de control para evitar ese tipo de conductas. Las críticas surgen a raíz de actuaciones como la protagonizada por un hombre que revendió en una tienda de segunda mano los electrodomésticos adquiridos y que motivó una investigación policial. Los propios comerciantes confirmaron a la Policía que resulta una práctica habitual la adquisición de aparatos que ni siquiera desembalan cuando los entregan.

En cuanto a los reproches de los grupos municipales, los más laxos en sus críticas han sido los de Xixón Sí Puede -abanderados desde el principio de la renta social-, que defienden que por un caso aislado no se puede demonizar al programa entero.

Por el contrario, más beligerante se han mostrado en el Partido Popular que, amén de pedir la supresión de este tipo de ayudas, han denunciado que existen varios comerciantes que pactan con los usuarios de la renta social para simular ventas y repartirse las ganancias. "Hay comerciantes que simulan las ventas con los beneficiarios de las ayudas para luego repartirse el dinero", explicó ayer el concejal popular Pablo González. Una práctica que incluye otra modalidad, la de "falsificar el concepto de la venta, permitiendo que el beneficiario adquiera bienes haciendo figurar que lo que se compró fue un producto que sí está incluido en el listado", añadió el edil.

Para detectar estos supuestos amaños detectados por el PP, han propuesto que el Ayuntamiento envíe inspectores "sin gorra de plato", esto es, de incógnito para saber "hasta qué punto hay comercios de Gijón que dicen 'sí, yo te vendo esto, pero reparto contigo no sé qué dinero o te doy otra cosa por un valor equivalente', porque nosotros hemos recibido denuncias en ese sentido y sabemos con nombre y apellidos qué tipo de comercios" están realizando ese supuesto fraude. No obstante, González lamentó que, al implantar estas ayudas, miembros del gobierno local le habían comentado que el Consistorio carecía de medios para poder controlar efectivamente el buen uso de las ayudas de la renta social.

Por todo ello, desde el PP han solicitado que se suspendan futuras convocatorias de la renta social -un programa que dicen responde al "chantaje de Podemos a Moriyón"- y, en relación a la que está vigente, se efectúe una auditoría para revisar todas las compras realizadas, todos los expedientes y en los protocolos actuales enfocados a evitar el fraude en las tarjetas que aún están en circulación. Pablo González aprovechó para recordar que "ya advertimos del efecto llamada de la renta social, de su escasísima utilidad práctica y del fraude que se podría dar". Ahora, aplazan quince días a Foro para responder a sus preguntas, especialmente los datos para dilucidar quiénes son los beneficiarios de la renta puesto que "mucho nos tememos que haya personas que han venido a empadronarse a Gijón para cobrar esta ayuda".

Por otro lado, el PSOE anunció también qu exigirán información al gobierno de Carmen Moriyón "sobre las medidas adoptadas para corregir y evitar este tipo de situaciones", valoró el edil José Ramón García, que recordó que "si hay situaciones de fraude, sea en el programa municipal que sea, es el gobierno quien ha de adoptar las medidas para corregir la situación y evitar que vuelva a producirse". Ciudadanos, por su parte, aseguró que la alerta emitida al Ayuntamiento "no nos ha pillado de sorpresa" puesto que, como han denunciado en otras ocasiones, "no existe ningún mecanismo de control que asegure un adecuado uso de esta ayuda; es una constatación más del fracaso del diseño y concepción de estas rentas", confirmó José Carlos Fernández Sarasola para insistir en la necesidad de vincular las ayudas sociales a la intervención social.

Por último, el gobierno local, en concreto la concejala Eva Illán, responsable de Bienestar Social, ha anunciado una comparecencia para mañana miércoles, acompañada de Germán Heredia, presidente de la Unión de Comerciantes. Desde esta asociación declinaron ayer hacer declaraciones al respecto, a la espera de recabar toda la información necesaria para emitir un diagnóstico de la situación.