La defensa del expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, ha solicitado el sobreseimiento y archivo del "caso Musel" en un escrito remitido a la Audiencia Nacional en el que, entre otras cosas, reprocha al fiscal Anticorrupción que haya "llegado incluso a formular preguntas cuestionando la necesidad de la obra de ampliación, cuestión de decisión política, ajena al ámbito penal y en todo caso anterior al nombramiento del señor Menéndez Rexach como presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón".
Al interesarse sobre si la obra de ampliación, que ha costado al Puerto 708,7 millones de euros, era o no necesaria, el fiscal se hacía eco de lo apuntado en el informe pericial realizado por dos interventoras de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) y también por un informe de fiscalización efectuado por el Tribunal de Cuentas. El planteamiento de Menéndez Rexach es, sin embargo, que ese debate sería en todo caso de carácter político, no penal.
El "caso Musel" se investigó en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a raíz de sendas denuncias presentadas por Anticorrupción y por la asociación Ocan, en base al informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), que atribuía supuestas irregularidades a la adjudicación, ejecución y sobrecostes de la obra de ampliación portuaria. La instrucción ha concluido y ahora las acusaciones y las defensas de los más de 30 imputados tienen que posicionarse para pedir la apertura de juicio o el archivo de la causa, algo sobre lo que la magistrada Carmen Lamela tendrá la última palabra.
La postura que mantiene la defensa de Rexach es que el resultado de la investigación judicial no ha arrojado "nada que pueda considerarse mínimamente serio" para ir a juicio. En concreto, "no hay intervenciones telefónicas, no ha aparecido dinero de dudoso origen, ni un solo testigo ha aportado algún dato incriminatorio y ninguno de los casi 30 investigados ha reconocido hecho delictivo o ha imputado a alguno de los restantes investigados actuación delictiva alguna", considerando que las sospechas iniciales "se han desvanecido".
La defensa de Rexach no sólo pone en duda la actuación del fiscal, sino también la del resto de acusaciones. Dice de la acusación popular, "llevada por la asociación Ocan, organización vinculada al partido político Podemos, no se ha conducido realmente con un interés en averiguar la verdad de lo acontecido en esta singular obra, sino con una finalidad política", como lo demuestran los artículos de opinión publicados por el presidente de dicha asociación, indica.
En cuanto a la acusación particular, ejercida por un "afectado por una expropiación, se ha limitado a defender sus intereses particulares con vistas a una posterior reclamación de daños y perjuicios".
El escrito de Rexach es especialmente incisivo con el papel de la Abogacía del Estado que "merece un comentario aparte, pues ha sido cambiante, no sólo por la distinta presencia física de personas que representaban a dicha institución, sino por su posición en unos casos (en la mayoría) actuando de la mano y coordinadamente con el Ministerio Fiscal, mientras que en algunas fases de la instrucción se ha colocado del lado de las defensas", algo que atribuye a que tiene que defender al Estado como acusación en este caso al mismo tiempo que frente a la UE tiene que defender "la absoluta corrección de la utilización de los fondos europeos" que subvencionaron la obra.
Bruselas concedió 247,5 millones de euros, a través de los Fondos de Cohesión, para ampliar El Musel. Tras el informe de la OLAF ha tomado la decisión inicial de revocar esa ayuda y ahora estudia las alegaciones en contra presentadas por el Puerto.
Entre otros argumentos, la defensa de Menéndez Rexach sostiene que el caso no puede llegar a juicio porque no se ha especificado cuál ha sido el perjuicio causado. Por un lado, señala que estamos a 2018 y la UE no ha reclamado la devolución de las ayudas, algo que considera que no podrá hacer". Por otro lado, recalca que la obra se liquidó en 93 millones de euros menos del presupuesto aprobado tras la modificación del proyecto ante lo que indica que "si en la imaginativa mente de las acusaciones, aquí ha habido un concierto entre empresas adjudicatarias y autoridades portuarias, adjudicando la obra a las primeras para una vez iniciada la misma justificar sobrecostes que ya conocían de antemano y repartirse los beneficios, sería el primer caso en la historia judicial española, en que los beneficiarios renuncian a 93 millones de euros que ya estaban aprobados en el único modificado aceptado".
