El exsecretario de Estado de Transportes, Fernando Palao y el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, han pedido a la jueza Carmen Lamela que los excluya del "caso Musel", afirmando que no tuvieron ninguna participación ni en la adjudicación de la obra de ampliación a la UTE Dique Torres ni en la decisión de que el Puerto asumiera sobrecostes por la obra. Agregan, además, que los hechos por los que se les imputa, que se remontan a una reunión de 2006, están prescritos. Ambos están investigados por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude.
La magistrada del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional tendrá que decidir si abre juicio oral y contra quiénes lo abre, de entre los más de 30 imputados, o si da carpetazo al asunto. La investigación judicial se inició a raíz de un informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) sobre supuestas irregularidades en la adjudicación, en los sobrecostes y en la ejecución de la obra. La UE ha planteado inicialmente la revocación de los 247,5 millones de euros con que subvencionó la ampliación.
La versión de Palao y Navas es opuesta a la que mantienen los también investigados Fernando Menéndez Rexach, expresidente de El Musel y José Luis Díaz Rato, exdirector del Puerto, quienes sostienen que los sobrecostes de la obra se decidieron en una reunión auspiciada por Palao en el Ministerio de Fomento el 14 de marzo de 2006, entre los cuatro cargos públicos y altos ejecutivos de las constructoras que integraban la UTE que amplió El Musel, además del entonces gerente de la misma. Al mes siguiente de aquella reunión el Puerto comenzó a pagar sobrecostes y en noviembre de 2007 el Consejo de El Musel aprobaba una modificación del proyecto que incrementaba en presupuesto en 250 millones de euros y el plazo de ejecución en 22 meses.
En el momento de la reunión, Palao era Secretario General de Transportes (posteriormente el cargo pasaría a la categoría de Secretario de Estado). Antes de llegar al Ministerio había sido presidente de El Musel. En el escrito que ha presentado su defensa se señala que el Secretario General de Transportes no tenía competencias sobre puertos "por tanto, ni en la adjudicación del contrato, ni en su redacción inicial, ni en la posterior modificación del mismo ni, por supuesto, en la ejecución y desarrollo de la obra pudo tener intervención alguna", agregando respecto al sobrecoste de la obra que "es evidente que la responsabilidad de éste recae única y exclusivamente en quien puede y tiene competencia en dicho sistema, es decir, las partes contratantes, contratista y adjudicataria, Autoridad Portuaria y UTE", explicando que la reunión se convocó con el único fin de propiciar el diálogo entre UTE y Puerto "ante el enconamiento existente", que sólo se celebró una reunión (Díaz Rato sostiene que hubo otra previa en febrero) y que todos los participantes en la misma salvo Rexach y Díaz Rato le negaron trascendencia.
La defensa de Mariano Navas va más allá y señala que desde 1997, como consecuencia de un pacto de investidura, el Gobierno central transfirió la gestión de los puertos a las comunidades autónomas "por lo que correspondía a estas nombrar al presidente, y al Consejo de Administración -donde la comunidad autónoma tiene mayoría- el nombramiento del director del Puerto".
Navas resalta que la legislación aplicable tanto cuando se adjudicó la obra como cuando se aprobó el modificado, contemplaba que Puertos del Estado emitiera informes, pero sin tener los mismos carácter vinculante. "La adjudicación de la obra y la aprobación del modificado le correspondía, única y exclusivamente, al Consejo de Administración de las Autoridades Portuarias a propuesta del Presidente, órgano de gobierno en el cual la mayoría es designada, y en su caso cesada, por la Comunidad Autónoma, la cual tiene mayoría en el Consejo de Administración". La defensa del expresidente de Puertos del Estado abunda en ese sentido en que "ni el señor Navas tenía capacidad para influir en la toma de decisión del modificado, ni era su competencia, ni podía ejercer autoridad de ningún tipo sobre el propio Director de obra, que, en este caso, excepcionalmente, coincidía con el Director de la Autoridad Portuaria, quien era nombrado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en el que la Comunidad Autónoma tenía mayoría".
Mariano Navas señala, en el mismo sentido que Palao, que en la reunión en el Ministerio de Fomento no se habló del modificado del proyecto, sino que se trató de buscar un "acercamiento entre las partes" abordando los problemas técnicos relativos a las canteras "sin que se trataran cuestiones económicas de ninguna clase", añadiendo que su presencia en la reunión fue de "mero acompañante" de Palao.
Tanto las defensas de Palao como de Navas plantean, además, que los hechos por los que se les investiga estarían prescritos, dado que datan de marzo de 2006, el plazo de prescripción sostienen que es de 10 años y no los imputaron hasta el 30 de junio 2017.
