El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno contempla incentivos fiscales para que las autoridades portuarias de Gijón y de A Coruña puedan reducir la abultada deuda que acumulan por las respectivas obras de ampliación. De aprobarse los presupuestos, quedarían exentas de tributar en el impuesto de sociedades las ventas de inmovilizados de ambos puertos, siempre que se destine ese dinero a amortizar los créditos concedidos por Puertos del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Así se establece en la Ley de acompañamiento a los presupuestos, que en su disposición adicional sexagésima segunda establece que "con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017, y con vigencia indefinida, estarán exentas en el Impuesto de Sociedades las rentas obtenidas por las Autoridad Portuarias como consecuencia de la transmisión de elementos de su inmovilizado, siempre que el importe total de la transmisión se destine a la amortización de préstamos concedidos por Puertos del Estado o por entidades oficiales de crédito para financiar inversiones en elementos del inmovilizado relacionadas con su objeto o finalidad específica". La medida llega después de que la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) pusiera en duda, en la auditoría de las cuentas de Puertos del Estado de 2016, la devolución de los créditos concedidos a El Musel y al puerto gallego, algo sobre lo que el IGAE alertó de que existe "incertidumbre" a largo plazo.
Aunque no las menciona expresamente, la ley presupuestaria se refiere a El Musel y al puerto coruñés, que tuvieron que recurrir a préstamos estatales para poder ejecutar sus ampliaciones. En el caso de El Musel, Puertos del Estado le concedió 215 millones de euros para afrontar los sobrecostes de la ampliación portuaria, que se sumaron a los 250 millones de euros que ya había concedido el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar la ampliación.
Como consecuencia de aquel crédito, El Musel quedó intervenido económicamente por Madrid y asumió la venta de todos los activos que no fueran esenciales para su actividad para amortizar deuda. Las primeras ventas ya se produjeron el año pasado. Se trata de la Quinta de la Vega, en Jove, que el Puerto vendió al Ayuntamiento de Gijón por 1,3 millones de euros y de las dos grúas-pórtico del Muelle Ingeniero Marcelino León, que el Puerto vendió a Ebhisa por 7,3 millones de euros. De esas dos operaciones sólo la primera se beneficiará de la exención fiscal prevista en la ley de presupuestos, según explican fuentes portuarias.
Del mismo incentivo fiscal también se beneficiarán previsiblemente la venta de la sede histórica de la Autoridad Portuaria y el edificio anexo a la misma, que van a salir por tercera vez a subasta por 3,04 millones de euros y la parcela de 39.215,67 m2 que el Puerto posee en la antigua Naval Gijón, cuya primera subasta por 5,04 millones de euros ha quedado desierta. La antigua sede portuaria previsiblemente se podrá vender, dado que por la misma se han interesado un empresario asturiano apoyado por la cadena hotelera NH y los socios principales del grupo hotelero Abba. Más lejana parece la venta de los terrenos de Naval Gijón, dividido en dos parcelas, la de la Autoridad Portuaria y otra perteneciente a Pymar.
También quedó desierta la subasta, que se celebró en 2017, de varias parcelas junto a la calle Francisco Eiriz, en Jove, que suman 16.129 metros cuadrados y que se licitaron en 756.088 euros. El Club Natación Santa Olaya estaba interesado en adquirir esos terrenos, pero se echó atrás ante la polémica con eco en el Ayuntamiento que suscitó el futuro del equipo de fútbol del Puerto de Gijón, cuyo campo de juego está en esas parcelas.
Si los procesos para la venta de los bienes inmobiliarios del Puerto ya se han iniciado, con distinta fortuna, lo que aún está verde es la enajenación del 68% de las acciones que la Autoridad Portuaria de Gijón tiene en la terminal de graneles sólidos de El Musel, Ebhisa.
El valor de las acciones de Ebhisa superará previsiblemente la suma de todo lo que el Puerto recaude por la venta de su patrimonio inmobiliario. Esas acciones además forman parte del inmovilizado de la Autoridad Portuaria, con lo cual, en teoría, los beneficios generados con su venta podrían quedar exentos del impuesto de sociedades, si finalmente se aprueba el proyecto de presupuestos del Estado para 2018. No obstante, no está claro que esa situación se vaya a dar, dado que la exención fiscal exige que el total de la venta se destine a la amortización del préstamo concedido en su día por Puertos del Estado a través del ICO.
El Puerto ha renegociado las condiciones de los préstamos del BEI y de Puertos del Estado. En ese último caso, el vencimiento del crédito se adelantó 6 años, para finalizar en 2041. El acuerdo, no obstante, fue beneficioso para el Puerto porque derivó a los últimos ejercicios de vencimiento del crédito el grueso de las amortizaciones y además redujo los tipos de interés.
