Más que tensa está la cuerda entre el Ayuntamiento de Gijón y la directiva del Sporting a cuenta de la respuesta a dar a los ultras. Los tres grupos políticos de la izquierda municipal -PSOE, Xixón Sí Puede e IU- exigían ayer al club que acate ya los acuerdos de la declaración institucional aprobada de forma unánime en el último Pleno. Una declaración que impone al Sporting "romper cualquier vínculo" con grupos ultras y a todos los clubes impedir el acceso a aficionados violentos a instalaciones municipales, como es el caso de El Molinón. "El Sporting tiene que dejar de ponerse de perfil, no puede estar en rebeldía ante la declaración del Pleno", explicaba Aurelio Martín (IU) en una reflexión compartida con Mario Suárez del Fueyo (XSP) y José Ramón García (PSOE). Los tres grupos de la oposición exigen al gobierno de Foro que haga acatar al Sporting el mandado plenario.

Desde el club, que aún no ha recibido la notificación de ese mandato municipal, se rechaza que exista permisividad o indulgencia con los grupos ultras pero se tienen dudas del procedimiento a seguir para trasladar los acuerdos generales del Pleno al día a día de la actividad del club. "Estamos esperando la declaración institucional pero también una resolución que nos aclare su ejecución. Buscamos la fórmula jurídica que nos pueda permita cumplir con ese objetivo", explicaba ayer Fernando Losada, consejero del Sporting. En principio el control de accesos no sería un gran problema a través del sistema de entrada a través de la huella digital.

Para definir el cómo el Sporting tiene pendiente una reunión con el Ayuntamiento de Gijón. De reunirse hablaba ayer también el líder de Xixón Sí Puede. Mario Suárez del Fueyo sugirió una reunión de la Junta de Portavoces -con representación de los seis partidos del Ayuntamiento- con el Sporting. Aunque para la oposición municipal tampoco estaría mal que se reuniera la Junta Local de Seguridad para definir estrategias de acción tras el incidente del pasado fin de semana en un local hostelero de Cimadevilla, que ha terminado con tres ultras en la cárcel.

Esa fórmula jurídica que el Sporting quiere buscar de la mano del Ayuntamiento sería la salvaguarda del club a la hora de tomar iniciativas de expulsión de socios que puedan tener la consideración de violentos. El Sporting, recordaba su consejero, "tiene fácil" echar a quienes lleven a sus espaldas una sentencia judicial o una orden policial o actuar con el aval de la Comisión Antiviolencia. Pero hasta dónde pueden llegar con la aplicación del reglamento interno del club para cumplir el mandato del Pleno no les parece tan claro. La primera duda que le surge al club es quién debe determinar y en base a qué actitudes qué socios del Sporting tienen la consideración de ultras.

"La policía tiene todos los datos. Se sabe quienes son y lo que hay que hacer ahora es cumplir con la exigencia de sacar a los violentos del estadio", recalcaba el socialista José Ramón García. Mientras, Suárez del Fueyo iba más allá denunciando que la propia directiva sportinguista sabe perfectamente la identidad de esos ultras. Los tres partidos de la izquierda en la Corporación gijonesa exigen al Sporting que rompa cualquier vínculo con quienes hacen suya la violencia dentro y fuera del campo de fútbol: tolerancia cero.