La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha atendido la petición formulada por el diputado de Equo en el Congreso, Juan Antonio López de Urralde Garmendia, para que instara al Ministerio de Energía a que cesaran los pagos a Enagás por la regasificadora de El Musel y que reclamara a la empresa la devolución de los más de 119 millones de euros que ha cobrado desde 2013 por la planta, construcción que fue ilegalizada por una sentencia firme del Tribunal Supremo de febrero de 2016 como consecuencia de un recurso contencioso interpuesto por Los Verdes de Asturias (que hoy se denominan Equo Asturias). La CNMC apunta que el Ministerio de Energía es el competente para establecer o modificar las retribuciones a la regasificadora, "correspondiendo al sistema de liquidaciones del sector del gas natural la aplicación de dichas disposiciones".
La CNMC recuerda en su respuesta al diputado que ya dio su opinión en un informe emitido el 9 de julio de 2015 sobre la retribución de los costes de operación y mantenimiento para los años 2013, 2014 y 2015 de la regasificadora de El Musel. En ese informe, elaborado cuando ya había una primera sentencia contra la autorización administrativa de la planta (del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) y aún estaba pendiente el pronunciamiento del Supremo, la CNMC advertía de que en el caso de que el Alto Tribunal ratificara la ilegalización de la planta, como así ha sido, eso podría determinar de forma sobrevenida que no se cumpliera uno de los requisitos establecidos por el Gobierno para que se pudieran cobrar las retribuciones transitorias establecidas en el Real Decreto 13/2012.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el trámite de ejecución de sentencia, rechazó la petición de Equo de que la ejecución incluyera la devolución por Enagás de lo cobrado, señalando que para eso Equo tendría que iniciar otro pleito.
A partir de ahí, el partido ecologista optó por solicitar que tomaran medidas tanto la CNMC como el Ministerio de Energía. Si la CNMC ya ha dado una respuesta, Equo aún espera por la del Ministerio de Energía, al que la diputada Rosa Martínez remitió el 21 de noviembre de 2017 un escrito para que reclame a Enagás los más de 119 millones cobrados por la planta ilegalizada, en base al informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
