El autobús que recorre Europa Fue en Gijón, donde activistas y expertos insistieron en que "el fraude no existe", y pidieron homogeneizar el sistema español, "con hasta 19 leyes diferentes". "Cada comunidad autónoma tiene la suya y encima no son compatibles entre sí. Hay diversidad de criterios, de cuantías... Las personas tienen que hacer una ingeniería para llegar a esos recursos", aseguró Graciela Malgesini, coordinadora de la Red Europea de Ingresos Mínimos (EMIN) en España. Ese mismo diagnóstico fue compartido por los grupos políticos de la región, que coincidieron en la necesidad de promover una coordinación estatal para superar las diferencias territoriales.

Salvando los matices, representantes del PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU -faltó Foro- defendieron un nuevo modelo que responda a las necesidades actuales y que imponga unos estándares mínimos a nivel nacional. EAPN, la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social a la cual pertenece EMIN, promueve incluso que esas pautas comunes se extrapolen a todos los países de la zona euro. "No podemos ver las rentas mínimas sólo como un gasto, también generan un impacto económico. Por ejemplo, los beneficiarios emplean las ayudas para comprar los productos básicos, que tienen su correspondiente IVA. Ese dinero retorna al Estado", subrayó Graciela Malgesini. En este sentido, la portavoz del movimiento señaló que es necesario "pinchar mitos", como el del fraude. "Es muy difícil lograrlo, aunque ese miedo siempre está ahí cuando hablamos de rentas mínimas. La única comunidad que investigó sobre ello, que fue el País Vasco, detectó un 0,4% el año pasado", explicó.

La opinión de las fuerzas políticas

Los partidos políticos ahondaron en esta problemática en un debate celebrado en el Antiguo Instituto. El PSOE, representado por la senadora María Luisa Carcedo, defendió que el aumento de la pobreza no es fruto de la casualidad, sino que "es la cola de un mal sistema de distribución económica", que se traduce en "600.000 familias sin ningún tipo de ingreso y en pobreza infantil". El coordinador de Ciudadanos en Gijón, Rubén Pérez, abogó por una homogenización de criterios y de cuantías en rentas sociales a nivel nacional, sin perder de vista los nuevos problemas: "El 13% de los trabajadores están muy cerca del umbral de pobreza y uno de los requisitos de las prestaciones es estar desempleado".

Marta Pulgar, diputada de IU, puso en valor el modelo asturiano, que "hay que exportar" al no poner un límite en el tiempo. A su juicio, las rentas mínimas deben estar planteadas como "un derecho subjetivo". Por su parte, la diputada de Podemos Rosa Espiño criticó que "la primera barrera arquitectónica en España es el acceso a los derechos" y que "la sociedad va más deprisa que la política". El popular Matías Rodríguez dijo "no comprender" por qué existen las diferencias territoriales en las rentas mínimas y añadió que debería ser "considerado una cuestión de Estado".