La fiscalía del Tribunal de Cuentas reclama 137 millones de euros al expresidente y al exdirector de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente, por supuestas irregularidades en la obra de ampliación, que se contrató y ejecutó cuando ellos estaban al frente del Puerto.
El Tribunal de Cuentas había decidido ya el año pasado la apertura de un procedimiento de reintegro por alcance, que es como se denomina la petición de responsabilidades patrimoniales que ahora se va a dirimir. Lo hizo a instancias de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y en contra del criterio de la instructora del expediente.
El juicio al que se van a tener que enfrentar los dos exdirectivos de El Musel es consecuencia del informe de fiscalización que otra sección del Tribunal de Cuentas realizó en junio de 2016 sobre la ampliación portuaria.
Aquel informe concluyó que el Puerto pagó a la UTE Dique Torres (que ejecutó la obra) 63,85 millones de euros (sin contar el IVA) de sobrecostes con anterioridad a que se aprobara técnicamente la modificación del proyecto constructivo, lo que ocurrió en diciembre de 2007.
El informe también indicaba que el 93% de los 142,44 millones de sobrecostes abonados hasta diciembre de 2010 lo eran por incrementos o suplementos de precios de los materiales de cantera apuntando que "la alteración de los precios previstos en el proyecto de los materiales procedentes de las canteras no resulta conforme con las estipulaciones del contrato, ya que la responsabilidad de la elección de las fuentes de suministro era exclusivamente del contratista" y agrega que se constató "la ausencia de un riguroso control de los camiones que transportaban el material desde las canteras a la obra".
Además, la sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas también apuntó en su informe otra serie de supuestas irregularidades vinculadas con el contrato de la asistencia técnica, por el que se acabaron pagando 12,14 millones de euros, un 125% más que su precio de adjudicación. También se alude al desembolso de 6,64 millones de euros para la expropiación del Alto de Aboño.
Las conclusiones del informe no fueron suficientes para la instructora del expediente posterior que abrió el Tribunal de Cuentas para la posible exigencia de responsabilidades. El pasado 31 de julio la instructora abogó por dar carpetazo al asunto, al considerar que "los registros contables de la Autoridad Portuaria reflejan adecuadamente los costes en que se ha incurrido en la ejecución de la obra de ampliación", considerando que no le corresponde al Tribunal de Cuentas revisar la legalidad o no de los sobrecostes, sino sólo comprobar si están adecuadamente contabilizados y soportados por un contrato.
A ese respecto, la Abogacía del Estado planteó que sí había motivos para pedir responsabilidades patrimoniales, teniendo en cuenta el informe de la OLAF y la investigación penal en la Audiencia Nacional, a lo que la fiscalía agregó que no se han explicado las razones por las que se cambiaron las canteras previstas inicialmente para la obra.
El procedimiento de reintegro por alcance en el Tribunal de Cuentas para reclamar esa responsabilidad patrimonial es paralelo a la investigación penal abierta en la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en el que hay más de 30 investigados incluyendo a Rexach y a Díaz Rato, y al de reclamación de devolución de subvenciones al Puerto que tramita la UE en base al informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).
