Abuso o agresión sexual. Esa es la cuestión. Ese es el debate en auge y que está en la calle, cada vez con más fuerza tras la polémica que suscitó la sentencia condenatoria contra los cinco miembros de La Manada tras abusar de una joven en San Fermín. En Gijón, este mes de mayo, tendrá lugar el juicio contra un gijonés de 34 años que sometió a su primo, menor de edad, durante ocho años en los que le obligó a realizarle felaciones y también le penetró analmente, según la calificación del Ministerio Fiscal que le atribuye un delito continuado de abusos sexuales por el que exige una condena de diez años y seis meses de cárcel, otros seis años de libertad vigilada -ya hay orden de alejamiento- y una indemnización de 10.000 euros. La vista oral está señalada para el 23 de mayo, se prolongará durante dos días y las partes solicitarán al tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias que se celebre a puerta cerrada.
Los traumáticos episodios que padeció este joven comenzaron a sucederse de forma habitual en 2008, cuando el menor contaba con tan sólo ocho años de edad. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, el procesado, nacido en 1984, acudía al domicilio donde vivía el menor y "con ánimo libidinoso le obligaba a que le hiciera felaciones, llegando a efectuar penetraciones anales al menor". Un relato estremecedor pero que añade dos palabras claves, le obligó a hacerlo pero "sin emplear fuerza ni intimidación". Es por ello que los hechos son constitutivos, a juicio del fiscal, de un delito continuado de abusos sexuales que según el Código Penal puede conllevar una pena -cuando hay penetración del tipo que sea- de entre ocho y doce años de cárcel. La pena privativa de libertad se amplía de entre doce y quince años en el caso de que hubiera violencia o intimidación, extremo que no considera la fiscalía en este caso.
Este truculento caso familiar cesó en diciembre de 2016 cuando la víctima, finalmente, relató a sus padres lo que había estado padeciendo durante tantos años y terminaron por denunciar los hechos. Una vez comenzó la investigación, el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón acordó como medida cautelar la prohibición de que el ahora acusado se acercase a menos de 300 metros del menor, de su domicilio, centro docente y lugares que frecuente habitualmente. La medida provisional, vigente a día de hoy, incluye además la prohibición de comunicarse con él menor por cualquier medio posible.
Diez años y medio de cárcel y seis de libertad vigilada
Una vez concluida la instrucción se decretó la apertura de juicio oral, que se celebrará a puerta cerrada para garantizar la intimidad de la víctima. El procesado afronta una pena de cárcel de 10 años y seis meses de prisión que le pide el Ministerio Fiscal -la familia del joven ejerce la acusación particular y están representado por una letrada del Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato (Cavasym)- además de una indemnización de 10.000 euros por los daños morales a través de su representante legal puesto que todavía es menor de edad. También el pago de las cosas procesales.
La petición inicial de la Fiscalía incluye seis años de libertad vigilada con una serie de medidas para garantizar la protección de la víctima. De ser condenado, el acusado tendrá prohibido aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el tribunal de la sección octava de la Audiencia y tampoco podrá existir comunicación alguna ni con la víctima ni con aquellos familiares o personas que se establezca. Además, y durante seis años también, le estará prohibido desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza. Por último, estará en la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.
Atención a víctimas de agresión sexual
Atención a víctimas de agresión sexualDesde Cavasym llevan años trabajando con víctimas de agresiones sexuales y casos de maltrato facilitando desde un primer momento atención jurídica de principio a fin, atención social y ayuda psicológica totalmente gratuita para contribuir a que las víctima se repongan de estos episodios. La mayor parte de las agresiones sexuales, según su experiencia, son dentro del círculo familiar y más cercano a la víctima, hasta en un 70% de los casos.
