La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias quiso advertir ayer de la problemática que puede derivarse de la propuesta del Ayuntamiento de regular el "botellón" mediante la instalación de cierres perimetrales en las fiestas de prau que se celebren este verano en el municipio.
"No tiene base legal si estos controles los ejercen voluntarios o miembros de las comisiones de festejos ya que entraría en conflicto con la normativa reguladora en vigor en cuanto a la prestación de servicios de seguridad por parte de personal no habilitado para el ejercicio de tales funciones", aseguran desde la asociación en un comunicado. Estas labores solo las pueden ejecutar "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Locales en la vía pública, o los Vigilantes del Seguridad y Guardas Rurales en su defecto, contratados a través de empresas inscritas en el registro nacional de empresas de seguridad, debiendo efectuarse el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios, previa comunicación a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional", esgrimen desde el colectivo.
Y va más allá: "permitir que los vecinos, colaboradores, voluntarios o responsables de la organización desarrollen esas actividades, además de una temeridad y peligro para la integridad física de los mismos, podría suponer la comisión de un delito o infracción administrativa de carácter muy grave, con sanciones de hasta 600.000 euros", analizan.
Desde la patronal se insiste en que "deben ser los profesionales contratados al efecto, con la cualificación, capacidad y formación exigible para este tipo de espectáculos públicos, los que intervengan en la prestación de los servicios de protección de los bienes y personas que acuden a las actividades festivas, sobremanera en horario nocturno que es cuando se produce la mayor concentración de personas".
"La utilización en tales servicios de controladores de accesos, auxiliares de servicios, voluntarios u cualquier otra denominación análoga, podría suponer la comisión de una infracción muy grave para la empresa prestataria del servicio, grave para el contratante del servicio y muy grave para las personas que realicen tal actividad", explicitan desde la asociación gremial de Vigilantes de Seguridad del Principado.
La advertencia surge después de que, en la pasada junta local de Seguridad, el Consistorio instase a las comisiones de festejos de las parroquias rurales gijonesas a cercar las celebraciones para evitar la realización de "botellón". Así, se controlaría la entrada de bebidas del exterior. Sin embargo, todo lo que sucediera dentro del perímetro sería responsabilidad de los organizadores, que podrían o bien contratar seguridad privada o bien realizar este servicio por su cuenta. Algo que ahora, desde la patronal, desaconsejan.
