La Corporación de Parres aprobó el pasado mes de marzo en su salón de plenos un Plan Económico-Financiero (PEF) de ajustes a dos años. El último de los cuarenta planes de este tipo que bajo el epígrafe de Asturias se custodian en el Ministerio de Hacienda y Función Pública desde que entrara en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Si todo sale según lo previsto el próximo documento que aparezca colgado en la web ministerial será el de Gijón, obligado a elaborarlo tras haber incumplido por 4,5 millones la regla de gasto en la ejecución presupuestaria de 2017. El gobierno forista iniciará este lunes el proceso de negociación política con la oposición para intentar que el documento que se acaba de elaborar desde los servicios técnicos cuente con los apoyos suficientes para salir adelante en la votación plenaria, que previsiblemente será el 18 de julio. Al límite de los plazos que marca la ley.
Pese a la grave preocupación que el tema ha generado entre los partidos de la oposición, desde el gobierno de Foro se quita hierro tanto al incumplimiento de la regla de gasto como al efecto del Plan Económico-Financiero sobre la realidad de la actividad municipal. La concejala de Hacienda, Ana Braña, asegura que la repercusión será mínima ya que se trata de no gastar más de lo que se gastó en 2017. De hecho, incluso, hay un pequeño margen de crecimiento. En cualquier caso el gobierno local habla de ajustes dentro de un mismo volumen de gasto y nunca de disminución de ese gasto.
Otro de los argumentos que maneja Foro para minimizar el impacto de esta situación pasa por el hecho de que es una realidad compartida por muchas corporaciones locales de toda España. No se equivoca. Sólo en Asturias, y entre 2014 y lo que va de año, han presentado planes de este tipo 36 ayuntamientos y cuatro mancomunidades. En cada caso por el incumplimiento de uno u otro parámetro de la ley de Estabilidad Presupuestaria.
Los primeros, fechados en 2014, se corresponden con los ayuntamientos de Aller, Ponga, Ribadesella y Teverga. El año siguiente -según los informes públicos del Ministerio de Hacienda- tuvieron que cumplir con este requisito los ayuntamientos de Las Regueras, San Martín del Rey Aurelio, San Martín de Oscos y Santa Eulalia de Oscos, además de la mancomunidad de Cangas de Onis, Amieva y Ponga. Por ahora el año de más trajín fue 2016. A ese ejercicio se corresponden los planes económicos de Amieva, Boal, Cangas del Narcea, Colunga, Cudillero, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Santo Adriano, Soto del Barco, Ibias, Illas, Llanes, Piloña, Proaza, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Tirso de Abres y la mancomunidad de Llanes-Ribadedeva. El año pasado pasaron por el trago Bimenes, Cabranes, Valdés, Mieres, Noreña, Oviedo, Yernes y Tameza y las mancomunidades de Grado y Yernes y Tameza y de los concejos de Parres y Piloña. En lo que va de año, sólo Parres.
El plan debe ser aprobado por el Pleno y luego presentado al Principado como organismo tutelante. También debe informarse al Ministerio de Hacienda. El incumplimiento del plan conlleva una intervención de las cuentas municipales.
