El jurado popular formado por cinco mujeres y cuatro hombres declaró ayer, por unanimidad, a Celestino G. V. culpable de un delito de homicidio por imprudencia grave por la muerte de la gijonesa Silvia Hernández, de 34 años y con un 70% de discapacidad mental, en Gijón en marzo de 2016. Una pena drásticamente inferior a la solicitada por Fiscalía y Abogacía del Estado -22 años de cárcel- y acusación particular y popular -prisión permanente revisable-. Una decisión que únicamente contenta a la defensa, ejercida por el letrado Enrique Lamadrid, que pedía la libre absolución del reo -que cumple prisión preventiva desde que sucedieron los hechos, una pena que le computará a la sentencia final.

Ante la decisión del jurado, las cuatro acusaciones rebajaron su petición hasta el máximo posible por ese delito: 4 años de prisión, además de 8 años de libertad vigilada e imposibilidad de vivir en el Principado, así como de comunicarse con la familia de la fallecida, y una indemnización de 60.000 a cada uno de sus progenitores y de 3.000 euros a la abuela. Por su parte, la defensa pidió que la pena quedara en 1 año de prisión, el mínimo contemplado para ese delito. Las acusaciones popular y particular, que dijeron no estar contentas con la decisión tomada, valoran recurrir la sentencia una vez se conozca cómo está fundamentada.

"Juro por Dios y por mi hija, que es lo que más quiero, que todo lo que dije y dijo mi abogado es verdad", enfatizó horas antes, en la última sesión del juicio, Celestino G. V., el único acusado por los hechos. El encausado hizo uso de la última palabra para asegurar que está intentando recuperarse de sus adicciones al alcohol y las drogas. "En estos dos años y pico sin alcohol, pienso en la vida tan desgraciada que llevábamos antes", lamentó.

Fueron las últimas palabras que escucharon los miembros del jurado antes de retirarse a deliberar. Previamente, durante toda la mañana, las partes expusieron su alegato final. Las cuatro acusaciones incidieron en la culpabilidad del encausado, haciendo especial hincapié en la inverosimilitud del relato de los hechos referido por Celestino G. V. y, especialmente, en la situación de violencia de género que sufría la fallecida. "Actuó de forma fría, calculadora, maquiavélica y sin arrepentimiento", defendió el Ministerio Fiscal. Abogacía del Estado explicitó: "Silvia tenía 34 años, toda una vida por delante y Celestino se la arrebató. No tenía alteradas sus capacidades volitivas ni cognitivas: sabía lo que hacía y quería hacerlo".

Emilia Calvo, que ejerció la acusación particular, explicó cómo "la voluntad de Celestino era matarla y Silva no pudo hacer nada para defenderse". Para Calvo, "Celestino ahondó deliberadamente en su sufrimiento, no le facilitó ayuda ni comida ni bebida, la dejó morir". La letrada de la acusación popular, Andrea Rodríguez enfatizó: "Silvia no muere, a Silvia la asesinan como último acto del control y dominación que ejercía sobre ella Celestino".

El abogado de la defensa, Enrique Lamadrid, intentó en un extenso alegato final, desmontar las teorías relatadas por las otras partes defendiendo, como hiciera su representado, que las lesiones se produjeron en un forcejeo y no de manera intencionada, alegando que "si hubiera querido matarla, le hubiera clavado los 22 centímetros de cuchillo y se hubiera desecho de él, no lo hubiera dejado en casa". El letrado insistió en solicitar para su cliente la libre absolución. "¿Le metemos en prisión toda la vida por haber intentado quitarle el cuchillo a Silvia para que no se lesionara?", preguntó antes de recordar al jurado que "lo más importante es marcharse a casa con la conciencia tranquila".