El fiscal ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas en el que reclama que condene al expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach y al exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, a reintegrar a las arcas públicas 135,38 millones de euros, cantidad en la que cifra el supuesto menoscabo que sufrió la Autoridad Portuaria de Gijón al asumir el pago de sobrecostes a la UTE Dique Torres por la obra de ampliación de El Musel. La Fiscalía estima que se han realizado pagos sin justificación "atribuida a que han ejercido las funciones encomendadas sin el cuidado exigido a quienes gestionan fondos públicos, lo que equivale a la concurrencia de un comportamiento gravemente negligente".
El ministerio público rebaja así ligeramente la responsabilidad patrimonial que reclama a ambos exdirectivos portuarios. La Abogacía del Estado ya había presentado un escrito cifrando el supuesto menoscabo a las arcas públicas en 137,28 millones de euros. Ahora, la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha emplazado a Rexach y a Díaz Rato para que respondan a las demandas del fiscal y del abogado del Estado.
La mayor parte de la cuantía que el ministerio fiscal exige a los dos antiguos cargos de El Musel se corresponde con el pago de incrementos de precios por materiales de cantera. El Puerto había pactado con la UTE Dique Torres incrementar los precios de los materiales de cantera después de que las constructoras alegaran que no podían explotar las canteras previstas para la obra, teniendo que acudir a otras fuentes de suministro de piedra, incluyendo canteras comerciales más caras y alejadas de la obra.
El fiscal cifra en 132,95 millones de euros el supuesto quebranto que supuso para la Autoridad Portuaria aceptar aquella pretensión de las constructoras y señala que "de acuerdo con el contrato firmado, no resultaba procedente asumir ningún cambio en el precio de los materiales procedentes de canteras porque en dicho instrumento se establecía que la selección de las mismas era de completa competencia y responsabilidad del contratista, sin que quepa atribuir a la Administración el fallo en las previsiones que el contratista había realizado para proveerse de los materiales precisos para ejecutar las prestaciones a las que se había obligado".
El escrito del ministerio público no se queda ahí, sino que señala que José Luis Díaz Rato "sin instrumentar el expediente de modificación de contrato y de aumento de gasto firmó un acta de precios nuevos para pedraplenes y escolleras procedentes de canteras comerciales, pagando esos precios entre abril de 2006 y noviembre de 2007, fecha en la que se aprobó el modificado técnico del proyecto. Además, agrega el fiscal, en abril de 2006 se desecertificaron cantidades que ya habían sido abonadas al contratista a los precios iniciales y se volvieron a certificar con los precios nuevos. Las certificaciones con precios nuevos sin soporte del modificado del proyecto ascendieron a 63,85 millones de euros, según el fiscal.
El escrito también apunta que en febrero de 2010 Fernando Menéndez Rexach firmó, como presidente del Puerto, la modificación económica del proyecto incrementando el plazo de la obra en 22 meses y el presupuesto en un 43,32%, fundamentalmente mediante la introducción de suplementos económicos en los materiales de canteras.
El fiscal exige otros 2,31 millones de euros por el aumento en los pagos del 19% en la facturación de la UTE Dique Torres por los servicios de la asistencia técnica, la UTE Cabo Torres, a partir de marzo de 2006. El Puerto pagaba a Cabo Torres a través de la UTE Dique Torres (la de las constructoras) aplicando hasta esa fecha un descuento del 19% lo que suponía que "Dique Torres no era remunerada por una actividad que se limitaba a una simple intermediación", según el fiscal. A partir de marzo de 2006 se comenzó a aplicar el 19% de gastos generales y beneficio industrial a las certificaciones, aplicándolo también de manera retroactiva. Además, el fiscal reclama otros 123.832 euros por la supuesta aplicación también del 19% al contrato con la Universidad de Granada para hacer ensayos de diques en modelos 3D.
