El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos y diputado en el Congreso, Rafael Mayoral, se reunió esta tarde con vecinas de las viviendas propiedad de Mina La Camocha en liquidación a las que echar de sus casas, que la antigua empresa minera tenía alquiladas a las familias de sus trabajadores.

Mayoral, que su presencia en Gijón era para acompañar "a las familias que están sufriendo el acoso", consideró que es "incomprensible que a las personas que han estando viviendo tantos años en estas casas, hoy se les plantee un desalojo forzoso sin alternativa habitacional en un procedimiento en el que prácticamente no se pueden defender".

En opinión del secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, en este asunto ha responsabilidades tanto de la Justicia como de los administradores concursales, del Ayuntamiento y del Gobierno del Principado de Asturias.

"Existe una responsabilidad de la propia judicatura de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y eso significa que no se pueden producir desalojos forzosos sin alternativa habitacional como dicen los dictámenes de Naciones Unidas", apuntó el diputado en el Congreso, para añadir a continuación que "en segundo lugar está la responsabilidad de la administración concursal y la actividad antisocial que está instando estos desahucios".

En cuanto a las administraciones, por un lado recalcó que "el Ayuntamiento de Gijón que tiene una obligación en cuanto al impacto social que se produce con las actuaciones en el municipio" debe impedir que echen a los vecinos a la calle y por otro, que también debe intervenir "la comunidad autónoma que tiene la responsabilidad en materia de vivienda".

Principado

Mayoral consideró que lo que él considera un desahucio de las familias de los mineros es un "atentado contra la memoria de nuestro país, aquí fue donde nació la democracia de nuestro país".

Rafael Mayoral estuvo acompañado por el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, quien anunció que va a pedir, en la Junta General del Principado, a Javier Fernández que se implique en paralizar cualquier desahucio en La Camocha.