"No se puede dejar este tema al margen de la Fiscalía, el Principado tiene que trasladar los expedientes. Hay una presunción de delitos de estafa o fraude, con gente que ha pagado íntegramente y a la que no le han dado ninguna prestación y también afecta a la salud pública". El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias), Dacio Alonso, se refirió ayer con estas palabras al asunto de iDental.
Para Dacio Alonso, tendrá que acabar interviniendo "la Fiscalía General del Estado, porque es un problema de primera magnitud" en España. Adafi, la asociación que aglutina en toda España a los afectaos de iDental estima que hay unos 62.000 perjudicados. La sociedad matriz de iDental es Dental Global Management, con sede en Alicante y 24 clínicas en España, todas cerradas ya.
El pasado 9 de mayo la directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) mantuvo una reunión con el Fiscal General del Estado sobre iDental.
Pese a los archivos efectuados por algunas fiscalías, como fue la de Gijón en 2017, Aecosan está recopilando información para una posible denuncia por estafa o imprudencia médica.
Los afectados afrontan dos problemas, el sanitario y el económico. Respecto a este último, Dacio Alonso señala que los que tienen créditos vinculados a los servicios podrán dejar de pagarlos, dado que la legislación así lo establece. Más difícil lo tendrán quienes se buscaron la financiación por su cuenta para dejar de pagar o quienes pagaron al contado para recuperar los fondos, en especial porque todo apunta a que iDental entrará en concurso de acreedores.
