El gobierno de España ha iniciado el proceso que permite a Gijón recuperar los niveles de depuración de las aguas residuales que tenía la cuenca este hasta que fue desmantelada la planta de pretratamiento de El Pisón hace dos años. El Consejo de Ministros -como le había comunicado personalmente el lunes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la Alcaldesa y a varios miembros de la Corporación- aprobó ayer la rescisión del contrato que aún existía con el conglomerado de empresas que ejecutó una depuradora que no se puedo poner nunca a funcionar por orden judicial.
Esta decisión -tramitada desde el Ministerio para la Transición Ecológica- era un paso previo indispensable para poder encomendar a Tragsa la puesta en marcha antes posible de los equipos de desarenado y desengranado que están en la depuradora construida y para los que hay una autorización expresa de la Audiencia Nacional. No hay que olvidar que el Tribunal Supremo anuló la aprobación del proyecto de ejecución de la estación depuradora al encontrar defectos en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental.
Las obras de la EDAR Gijón-Este, incluidas en el Plan CRECE, comenzaron el 19 de julio de 2012. Su ejecución ha tenido un coste de 35,5 millones de euros financiado al 100% por la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con un 80% de financiación europea con cargo al Feder-Cohesión. Las obras finalizaron en marzo de 2016.
Paralelamente al desarrollo de esta solución temporal, el Ministerio trabaja en un estudio ambiental que se convierta en alternativa al anulado en instancias judiciales. Ya hay un estudio de opciones que, se explica desde el Ministerio, será sometido al trámite de información pública tras rematarse su redacción, y superado ese trámite, enviado al órgano ambiental correspondiente para que se emita la Declaración de Impacto Ambiental. Los redactores del proyecto han trabajando sobre diez alternativas en cuatro ubicaciones.
