"Este Ministerio considera responsable a la Corriente Sindical de Izquierda de cualquier incidencia, daño o perjuicio en las personas o en las cosas que pueda producirse como consecuencia del estado actual y de los usos indebidos que se dan en el salón de actos y espacios adyacentes del edificio de la calle Sanz Crespo, 1, de Gijón". Así de claro, y por escrito, se lo han dejado al sindicato las autoridades ministeriales de Empleo, en cuanto a titular de la Casa Sindical. El Ministerio ha trasladado esa decisión a la Delegación de Gobierno, el Ayuntamiento de Gijón y las organizaciones CCOO, CGT y CNT como usuarias, también, de la vieja Sindical.
Además, y como ya indicaron los técnicos municipales en su informe sobre la mala situación del edificio, el Ministerio fija la obligación y urgencia de sacar todos los enseres acumulados en el salón de actos y que se usan para el rastrillo que organiza el colectivo de Paradas y Parados de Asturias. Los técnicos del Ayuntamiento de Gijón entienden que esa acumulación descontrolada de objetos ha convertido el salón de actos en un "peligroso foco de incendio" y llegado a una situación "inadmisible en materia de seguridad".
Más allá del salón de actos, la inspección municipal dejó constancia de graves carencias en materia de salubridad, accesibilidad y seguridad. Faltan medidas de protección contra incendios y la instalación eléctrica es de alto riesgo. Además, se entiende que el uso de algunos espacios como rastrillo, almacén de comidas o gimnasio están fuera de lo autorizado para una edificación prioritariamente de oficinas.
La orden municipal de desalojar los enseres del rastrillo y clausurar el salón de actos llevó a la CSI a pedir por escrito al, ahora, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, una alternativa para el Colectivo de Paradas y Parados y un plan de rehabilitación del salón de actos y todo el conjunto arquitectónico donde se integra. En su respuesta, y además de responsabilizar a la Corriente de los problemas que puedan surgir en el salón, el oficial mayor de Empleo, reitera la obligación de retirar los enseres y asegura que "a este ministerio no le consta que el resto de organizaciones usuarias del edificio compartan el punto de vista expresado en su escrito respecto a la clausura de un salón que no reúne actualmente condiciones adecuadas de uso".
También se indica desde Madrid que ningún colectivo de parados se ha identificado como tal ante el Ministerio ni solicitado la cesión de espacios en la Sindical. La ley de 1986 sobre cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado, dicen, establece que el uso de los edificios que integran ese patrimonio está limitado a sindicatos y organizaciones empresariales.
La situación de la Sindical también es motivo de preocupación en el Ayuntamiento, donde Ciudadanos promovió el debate y pidió informes sobre su estado. A lo largo de esta semana está prevista una reunión con alguno de los sindicatos usuarios.
