Los vecinos de la colonia de El Pisón no dan su brazo a torcer en la cruzada que mantienen contra el desarrollo, en el entorno de la urbanización, de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la cuenca este gijonesa. Tras años de procesos judiciales, el abogado de los vecinos, el gijonés Marcelino Abraira, insiste en que "la planta no se puede poner en funcionamiento, ni siquiera los equipos de desengrasado y desarenado".
Así lo informó a los habitantes de la colonia el pasado miércoles en una reunión en la que quisieron tratar los últimos avances conocidos, después de que el Consejo de Ministros aprobara a finales del mes pasado rescindir el contrato, aún vigente por entonces, con la UTE que edificó la planta depuradora que los tribunales evitaron que se pusiera en marcha. Con este paso, se abría la puerta para que Tragsa pudiera poner en marcha los equipos de desarenado y desengrasado de la depuradora, para lo que existe autorización de la Audiencia Nacional.
Una máxima que ahora matiza Abraira. "Nosotros recurrimos en reposición esa medida, y la Audiencia Nacional la mantuvo, dado que según ellos permitiría que España no fuera multada por falta de depuración", explica sobre la amenaza de multa que pesa por parte de la Unión Europea, "pero el desarenado y desengrasado no depura, en palabras de la propia Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por lo que su puesta en marcha no haría que España se librase de la multa". Y dice más: "no es razonable permitir función alguna cuando la propia Audiencia Nacional ha impedido la finalización de la obra". Con todo, asegura que "antes de poner en marcha los equipos de desengrasado y desarenado, tienen que realizar un estudio de impacto ambiental, en el que deben incluir las alegaciones de los vecinos".
El mismo tipo de informe cuyos defectos propiciaron la paralización, ya en 2016, de los trabajos de la depuradora, al declarar el Tribunal Supremo nula su ubicación. "Dijeron que harían un nuevo estudio para ver la ubicación definitiva de la depuradora" en la que se consideraron las mismas cuatro opciones -Pisón, Rinconín, Cagonera y Peñarrubia- y otra nueva. Un documento que "lleva recurrido por nosotros desde la primera gestión, el periodo de consultas". Abraira entiende que "es muy poco factible insistir en El Pisón puesto que sería volver a lo mismo y, si dicen que es la mejor opción, se pediría su nulidad en la Audiencia Nacional, ya que son nulos los actos dictados con ánimo de no cumplir una sentencia en firme".
