Nadie puso en duda nunca el carácter participativo de los gijoneses, para lo bueno y para lo malo. Igual que nadie ha puesto en duda el trabajo que durante años, y de manera casi pionera a nivel nacional, realizaron el Ayuntamiento de Gijón y el tejido asociativo local para buscar espacios donde los vecinos pudieran hacer oír su voz y sus decisiones fueran tomadas en cuenta por el gobierno local de turno. Pero curiosamente es ahora, cuando más se apuesta por los procesos participativos en todos los territorios, cuando Gijón se ha atascado. Los veteranos consejos de distrito llevan sin reunirse más de un año y nada se sabe de una nueva edición de los presupuestos participativos, que durante dos ejercicios permitieron a los vecinos elegir por votación popular algunas obras a incorporar al listado de inversiones del presupuesto municipal. Otra cosa es que se hicieran.
Centro, Este, Llano, Sur, Oeste y Rural son los distritos en que se divide Gijón desde 2005. Y para cada uno se organizó un consejo de distrito como "órgano colegiado de representación político-vecinal, en el que, junto a la participación de representantes políticos, se articula la participación de los vecinos, asociaciones y entidades más representativas de un mismo territorio en la gestión de los servicios municipales". A esos consejos había que presentar los presupuestos municipales y con ellos había que contar para decidir las obras municipales de ese ese espacio. Por ejemplo.
Pero ahora mismo sigue sin estar aprobada el acta de la reunión que los miembros de los consejos de distrito tuvieron en mayo de 2017. La última efectiva tras desconvocar el gobierno, y más en concreto el área de Participación Ciudadana que gestiona la forista Eva Illán, las previstas para finales del año pasado por el boicot realizado desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana.
La FAV se plantó. No iría a más citas si el gobierno de Gijón no cambiaba su actitud y apostaba por una participación real. Su decisión arrastró al resto de asociaciones no vecinales que conforman los consejos y a la Federación de Vecinos de la zona rural, que vieron como las reuniones quedaban congeladas. El principio del desbloqueo de la situación se vivió esta misma semana con una reunión de Eva Illán y con el presidente de la FAV, Adrián Arias. Allí se pactó un cronograma de trabajo para sacar adelante de manera consensuada los dos nuevos reglamentos que reordenen tanto la participación ciudadana como los consejos de distrito.
Illán avanzaba que ambos documentos podían estar en vigor a principios del año que viene. Demasiado optimismo, piensan quienes consideran que la complejidad de la tramitación hará que ese cambio normativo quede empantanado en un principio de año electoral. Para empezar hasta después del verano no se empezarán a mover papeles entre el gobierno y la Federación de Vecinos, que ya anunció que quiere cambiar de arriba a abajo los consejos y los distritos.
Menos antigüedad tiene el sistema de presupuestos participativos que se puso en marcha hace dos años en la ciudad. La idea era dejar en manos de los gijoneses decidir el destino de una parte sustancial del millonario paquete de inversiones del Ayuntamiento. Los consejos de distrito tomarían sus decisiones, también los consejos sectoriales y, como gran novedad, todos los gijoneses a través de una votación popular. Así se hizo para el presupuesto municipal de 2017 y el actual de 2018 pero, ¿volverá a hacerse para 2019? Oficialmente el procedimiento no ha sido declarado muerto aún pero la complicada situación económica del Ayuntamiento -con un presupuesto prorrogado y la imposición de un Plan Económico-Financiero de ajustes por el incumplimiento de la regla de gasto- hace que todos lo den por suspendido.
Y ni siquiera hay grandes quejas porque la idea general es que "hay que darle una vuelta" a un sistema que estaba generando más problemas y frustraciones que alegrías. Alguna veces porque las obras que salen adelante por votación -en muchos casos a través de la movilización de colectivos concretos que tiene una petición muy específica- no están entre las prioridades del Ayuntamiento para la ciudad y en otras porque la no ejecución municipal de esos proyectos ganadores indigna a los ciudadanos.
En cualquier caso, el dinero que se puso sobre la mesa de la decisión popular estos dos años no era moco de pavo: ocho millones. La primera vez dos para consejos de distritos y seis para las propuestas ciudadanas. La ratio pasó a ser de tres y cinco en el siguiente acto. Y no era moco de pavo porque poco más había en el epígrafe de inversiones del Ayuntamiento en esos dos ejercicios. En la primera ocasión participaron en la votación final 2.534 personas, en la segunda fueron 4.791. Un porcentaje mínimo comparado con la población con derecho a voto y la envergadura de la decisión.
Todos estas idas y venidas de reglamentos, consejos, presupuestos... se enmarcan en un proceso iniciado por el gobierno de Foro de diseño de un Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. El avance del plan de trabajo que se presentó hace meses a los colectivos vecinales y la oposición hablaba de las actuaciones a desarrollar por la empresa adjudicataria del proyecto en dos años a partir de la adjudicación del contrato en marzo de 2018. Esa primera fecha ya se ha incumplido.
