La defensa de la UTE Dique Torres insiste también en que se de por prescrito el supuesto delito, en especial en lo que respecta a los directivos de alto nivel de Dragados, OHL (matriz de SATO) y FCC Construcción que participaron en la reunión de alto nivel que se celebró en el Ministerio de Fomento en marzo de 2006, un mes antes de que la Autoridad Portuaria comenzara a pagar sobrecostes por la obra de ampliación y que según la defensa de los directivos fue un encuentro meramente protocolario. El exsecretario de Estado de Fomento, Fernando Palao y el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, también imputados por esa reunión, han reclamado así mismo quedar fuera de la causa por haber prescrito los hechos.
Todos ellos fueron imputados más de diez años después de que se produjese aquella reunión, en base a las declaraciones del ex presidente y el exdirector de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, que sostienen que en dos reuniones en Fomento se desbloqueó la negocación de los sobrecostes y que ellos eran reticentes a asumirlos.
Tanto los directivos empresariales como Palao y Navas niegan que se pactaran en aquel encuentro cuestiones económicas y que el pago de los sobrecostes era decisión exclusiva de la Autoridad Portuaria.
Las defensas ya habían pedido la prescripción en escritos anteriores, pero ahora reclaman que la jueza o en su defecto la Audiencia Provincial se pronuncien al respecto en lugar de dejar que decida el tribunal que juzgue el caso. El abogado de Dique Torres compara la situación de sus patrocinados con la de los dos exdirectivos de HC y Tudela Veguín que estuvieron imputados y contra los que se archivó la causa por haber prescrito los hechos que les atribuían, por lo que ahora reclama que no haya "un tratamiento diverso de otros investigados, por mucho que fuera su nivel jerárquico" en las empresas constructoras.
Palao y Navas, por su parte, sostienen que ni han podido prevaricar ni cometer fraude dado que ni dictaron resoluciones ni tenían competencia para ordenar pagos a la Autoridad Portuaria de Gijón y que en la reunión no se tomaron decisiones.
