Al igual que otros imputados, Rexach ha cuestionado que la magistrada que instruyó el "caso Musel" en la Audiencia Nacional haya asumido la acusación del fiscal sin atender a los planteamientos de las defensas. En su recurso, Azparren solicita que se examinen esos argumentos para "no someter a la pena de banquillo" durante meses a su defendido, insistiendo en que no considera que haya base para una acusación, sino "suposiciones" o "evidentes errores" en el informe del fiscal y el auto de la jueza. La defensa también asegura que no hay indicios de amaño en la licitación y adjudicación de la obra y que la expropiación del Alto de Aboño no se hizo para aportar material a la UTE, sino para abaratar su explanación aprovechando la obra de ampliación. Esa explanación nunca llegó a ejecutarse.
