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La investigación judicial de la ampliación portuaria

Rexach resalta que hubo "tensión explícita" con las constructoras de El Musel, no connivencia

"No hay base real ni técnica ni económica que avale la hipótesis de un acuerdo subterráneo, más bien ejemplos de lo contrario", dice su abogado

Botadura del primer cajón de hormigón que se colocó en el Dique Norte, el 19 de abril de 2007.

Botadura del primer cajón de hormigón que se colocó en el Dique Norte, el 19 de abril de 2007. ÁNGEL GONZÁLEZ

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, ha solicitado que se archive el "caso Musel" entre otras cosas al considerar que en lugar de connivencia entre el Puerto y la UTE Dique Torres para un supuesto fraude en la obra de ampliación, la investigación judicial lo que ha demostrado es que entre ambas partes lo que realmente hubo fue "una tensión explícita". Así se afirma en el recurso que su abogado defensor, Agustín Azparren, ha presentado contra el auto judicial que decide abrir juicio por el "caso Musel". La defensa niega las acusaciones que se hacen a Rexach y además que sostiene que los hechos investigados no son delito.

La magistrada acogió la tesis del fiscal que apunta a supuestas irregularidades durante la preparación, licitación, adjudicación y ejecución de la obra de ampliación de El Musel así como en el modificado del proyecto (los sobrecostes) y en la expropiación del alto de Aboño. Hay 24 imputados en la causa, entre excargos públicos y representantes de la UTE y de las empresas constructoras que la integran. A Rexach le achacan los supuestos delitos de fraude, prevaricación y prevaricación continuada.

Su defensa señala que el resultado de la instrucción es que "no hay ninguna base real ni técnica ni económica que avale la hipótesis de un acuerdo subterráneo, más bien la realidad ofrece ejemplos continuos de lo contrario" entre los que reseña el rechazo del Puerto a aprobar un modificado solicitado por la UTE en 2005, la supuesta intervención del Ministerio de Fomento y de Puertos del Estado para que la Autoridad Portuaria acabara asumiendo el modificado que finalmente se aprobó en 2007 y al que habían sido reacios, el rechazo por el Puerto a un segundo modificado solicitado por la UTE en 2010 y diversa documentación que hay en el sumario, como las notas del comité de directores, además de la reclamación mediante un contencioso por parte de Dique Torres del pago de más sobrecostes tras haber paralizado durante varios meses la obra para intentar que el Puerto accediera a su petición.

La defensa del expresidente de El Musel insiste, al igual que la del exdirector, José Luis Díaz Rato, en que los sobrecostes se pactaron en 2006 en una reunión en el Ministerio de Fomento a la que asistieron con altos directivos de las constructoras y el entonces presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas y el entonces Secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, convocada a iniciativa de este último. Esa versión es negada por el resto de participantes.

La decisión de los sobrecostes se tomó "consensuada con Puertos del Estado", que se comprometió a solicitar más fondos europeos para poder hacer frente a ese incremento del presupuesto, dado que el Puerto carecía de capacidad financiera para ello: "Puertos del Estado conoció y aprobó esta actuación, con los nuevos precios, y consta que fue quien se ocupó de tramitar y remitir a Bruselas las certificaciones de la obra para solicitar la subvención de los precios nuevos; gestiones que se llevaron a cabo conforme al compromiso efectuado por el Ministerio de Fomento y por Puertos del Estado, que señalaron que se encargarían de cubrir los desfases presupuestarios existentes, buscando para ello la financiación necesaria y modificando el Plan de Empresa" del Puerto, señala el recurso, quien destaca que la Abogacía del Estado informó a favor del modificado del proyecto.

En su recurso, Rexach sostiene que el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que dio pie a la denuncia del fiscal, ha quedado "desmontado por sus limitaciones, errores y falsedades" durante la investigación judicial.

Entre otras cuestiones, el recurso también apunta que el Puerto desconocía los pactos de Dique Torres con Tudela Veguín para obtener piedra y que la UTE intentó que se la pagara a precio de canteras comerciales presentando informes jurídicos firmados por el abogado Juan Ramón García Notario, quien antes había sido jefe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado. El Puerto acabó liquidando la obra en 92 millones de euros menos de lo previsto en el proyecto modificado.

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