"La Unión Europea ha confirmado hoy lo que Greenpeace lleva denunciando desde hace más de una década: España tiene un grave problema de contaminación por aguas residuales, por lo que ha sido condenada a una multa millonaria. La contaminación por aguas residuales es, por su volumen e intensidad, el factor que más afecta a la calidad de las aguas continentales españolas", según indicó hoy la organización ecologista en un comunicado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condena a España por incumplir la normativa comunitaria de depuración de aguas residuales, entre otros núcleos urbanos, en Gijón. La organización ecologista considera que ésta es una asignatura pendiente a la que aún no se ha puesto solución.

"La lucha contra la contaminación de nuestras aguas debe ser prioritaria. Es mucho más efectivo cambiar las actuales medidas que no garantizan la calidad de las aguas para la vida silvestre o para el consumo humano que construir nuevas infraestructuras hidráulicas como embalses o trasvases", ha señalado Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace.

La nula o deficiente depuración de las aguas residuales urbanas afecta a la calidad de las aguas a nivel estatal, tanto en ríos como en costas, según la organización ecologista que recuerda que muchos de los lugares señalados por en la sentencia, como Gijón, Vigo, Matalascañas, Santiago de Compostela, Peñíscola o Benicarló, "estaban en el foco de Greenpeace, que ha recogido esta situación en diversos informes desde 2005".

La ONG recalca que "a pesar de que su toxicidad es inferior a la de otros agentes contaminantes (por ejemplo, la industria química), el volumen de los vertidos urbanos ha adquirido tal importancia que podría afirmarse que, en muchos casos, es el principal causante de la pérdida de calidad y degradación del medio hídrico. Todavía existen decenas de municipios y ciudades que no depuran convenientemente sus aguas. Hay plantas construidas que no están funcionando y otras que lo hacen de forma deficiente".

Greenpeace considera que para solucionar esta situación y evitar futuras sanciones sería necesario que el Gobierno y las comunidades autónomas establezcan planes reales, y que se cumplan, de depuración del 100% de las aguas residuales urbanas, así como articular un sistema de supervisión del correcto funcionamiento de las depuradoras; que las comunidades autónomas y los ayuntamientos apuesten por sistemas separativos de los vertidos de aguas urbanas e industriales para lograr un correcto grado de depuración y que las comunidades autónomas controlen los vertederos y puntos críticos de contaminación especialmente peligrosos y con antecedentes contaminantes.