Las demandas de los afectados han surtido efecto: la Audiencia Nacional investigará el supuesto fraude de las clínicas iDental, con más de 700 damnificados en Asturias, la mayoría de ellos en Gijón, donde se abrió uno de los establecimientos. El juez José de la Mata acordó ayer asumir la investigación por "el volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.
Estos son los principales motivos por los que el magistrado de la Audiencia Nacional ha considerado que este es el tribunal competente para investigar unos hechos que pueden ser constitutivos de varios delitos: administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
En el auto en el que toma la decisión de investigar los hechos, De la Mata explica que la investigación partió de una denuncia de afectados de iDental en Andalucía y, desde entonces, son ya al menos once los juzgados de toda España que se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional ante el alcance de la presunta estafa.
"El tamaño de la estructura societaria, su despliegue territorial, su modelo de negocio, el volumen de la operativa, la estructura de financiación, el número de profesionales involucrados y el ingente número de investigados hacen presagiar una compleja investigación que requiere (...) una investigación única", sostiene el juez que instruye la causa, que lo considera "absolutamente incompatible con un manejo fragmentario" de las denuncias.
Tratamientos interrumpidos
Los hechos se refieren, relata el auto, a la actividad desarrollada por la estructura de iDental, dedicada a la prestación de servicios odontológicos "mediante un gran número de clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional". La firma ofrecía de forma paralela un sistema de financiación, a través de entidades colaboradoras. De esta forma, iDental percibía "el abono íntegro anticipado del precio de sus servicios", y después, según las denuncias, "los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos". La mayoría de los tratamientos quedaron interrumpidos "hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas".
Según el auto judicial, además de en Gijón hay constancia del cierre de clínicas en Almería, Badajoz, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Albacete, Málaga, Santander, Segovia, Sevilla, Gerona y Zaragoza.
Además de los once procedimientos de otros tantos juzgados que se han inhibido en favor de la Audiencia, hay evidencias de decenas de procedimientos más en distintos órganos judiciales de toda España. También existe la apertura de investigaciones de carácter administrativo por parte de comunidades autónomas y colegios profesionales, como es el caso de Asturias, "que igualmente es preciso ordenar y enfocar".
Asimismo -añade el juez-, "denuncias y distintos volúmenes de información han sido remitidos a distintas Fiscalías de distintas comunidades autónomas y provincias" y recuerda que además alguna sede de iDental, en concreto en las Palmas de Gran Canaria, "parece haber sido desahuciada, habiendo sido incautados los historiales de más de 15.000 afectados en Canarias".
De la Mata acepta investigar las denuncias contra iDental Asistencia Social Andalucía Dental Proyectos Odontológicos SL, Dental Global Mangement, Weston Hill Capital y Proyecto Odontológico Almería, como personas jurídicas, y contra Isabel Fernández Navío, Carla Esperanza Reyes Álvarez y Blanca Acosta Peregrin.
