El presidente del PP de Gijón, Mariano Marín, señaló hoy que la tramitación de impacto ambiental que se está tramitando ahora sobre la ubicación de la depuradora del este de Gijón es la que va a dilucidar cuál es la ubicación más conveniente para la instalación pero que "lo que no va a entender ningún español es que una depuradora construida, de última generación, nueva y que nunca entró en funcionamiento, haya que demolerla". La depuradora de El Pisón está prácticamente concluida, con una inversión de 36 millones de euros, y su funcionamiento bloqueado judicialmente tras el pleito que emprendieron los vecinos de cercana colonia de chalés.

El dirigente local del PP dio a entender así su preferencia porque la depuradora del este pueda mantenerse en su ubicación actual, en El Pisón, a pesar de que cuando se discutió en 2008 dónde ponerla, los populares se habían pronunciado en contra de que se eligiera El Pisón, recordó Marín. El PP pide ahora responsabilidades a los políticos a los que entonces apostaron por instalar allí la planta depuradora.

Marín y ofreció esta mañana una rueda de prensa junto con el Coordinador General del PP de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons y el portavoz municipal del PP, Pablo González, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha multado a España por incumplir una sentencia de 2011 en la que le ordenaba solucionar los problemas de vertidos de aguas residuales al mar en 43 localidades españolas. De ellas sólo quedan 9 con sus aguas sin depurar, una de ellas Gijón Este, que es la mayor de todas. El Tribunal multó a España con 12 millones de euros por no haber cumplido la sentencia (en el plazo dado por la Comisión, 2013, aún quedaban 17 núcleos urbanos infractores) y con otros 10,95 millones por cada semestre que siga sin cumplirse, cifra que irá reduciéndose de forma proporcional a medida que se vayan eliminando puntos negros.

El portavoz municipal del PP, Pablo González recordó que la actual Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, era la Secretaria de Estado de Cambio Climático el 6 de octubre de 2009, fecha en la que se aprobó el anteproyecto de la depuradora con el estudio de impacto ambiental que a la postre anularon los tribunales por arbitrario. "El Estudio de Impacto Ambiental se amparó y firmó por una secretaria de estado que se llama Teresa Ribera y que hoy es Ministra", recalcó el portavoz municipal del PP.

Los populares responsabilizaron a los gobiernos socialistas de que Gijón siga siendo un punto negro en el vertido de aguas residuales y de que eso vaya a ser ahora "una sangría" para el conjunto de los españoles por la multa europea.

José Agustín Cuervas-Mons incidió en que las competencias en materia de son de las comunidades autónomas desde 1982, que el gobierno de Vicente Álvarez Areces implantó en 2000 el canon de saneamiento con el que se recaudaron 600 millones de euros y que a pesar de ello más del 30% de las poblaciones asturianas con más de 2000 habitantes siguen sin cumplir la normativa europea, por lo que criticó que el consejero de medioambiente, Fernando Lastra, salga ahora pidiendo "agilidad" en el caso de la depuradora del Este de Gijón. Cuervas-Mons también criticó que en este asunto el gobierno local de Foro Asturias haya permanecido como un "convidado de piedra".

Pablo González recordó que cuando en 1999 "se decide de manera política" que haya dos depuradoras en Gijón en lugar de una "para que los ricos depuren su propia porquería, según se llegó a decir", cuando se licitó el anteproyecto y tramitó el estudio ambiental de la depuradora del este, el PSOE gobernaba en Gijón, Asturias y España. El edil recordó que los gobiernos centrales del PP lo único que han hecho en este asunto es "intentar tramitar las soluciones a los problemas que dejaron los del PSOE". Con el PP se inició la construcción de la obra en 2012 y el PP también licitó el nuevo estudio de impacto ambiental que decidirá la ubicación de la planta.