Las conclusiones del nuevo estudio de impacto ambiental para elegir el emplazamiento de la depuradora del este de Gijón, cuya conclusión es que la mejor ubicación es la que ocupa actualmente, entre la Feria de Muestras y la colonia de chalés de El Pisón, se ha vuelto a encontrar con la oposición frontal de los residentes en esta zona, que llevan años pleiteando contra la apertura de la depuradora junto a sus casas y que ya ven en los pocos datos que han trascendido sobre el nuevo informe motivos para ampliar sus los recursos judiciales. La batalla legal ha derivado en una demora en el cumplimiento de la directiva europea de tratamiento de aguas residuales y esto a su vez en una multa europea millonaria a España. El abogado de los vecinos de El Pisón, Marcelino Abraira, advirtió ayer al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de que "si no quiere que se judicialice, lo tiene muy fácil, que elija cualquier alternativa menos El Pisón".

El letrado se refería a las palabras de Hugo Morán durante una visita a Gijón a finales de junio, en la que apostó por "dar una solución lo antes posible a un problema que lleva coleando más de una década. Una solución definitiva que no genere un bucle de reclamaciones y damnificados", extremando "el rigor" en la declaración de impacto ambiental para la nueva depuradora.

La depuradora de El Pisón estaba construida en su práctica totalidad en 2016, cuando una sentencia del Tribunal Supremo, que ratificaba otra de 2014 de la Audiencia Nacional, obligó a parar las obras y bloqueó su entrada en servicio. Dicha sentencia rechazó la petición vecinal de prohibir instalar la depuradora en El Pisón, pero obligó a volver a estudiar cuál es el emplazamiento más conveniente para esta instalación, al anular el primer estudio de impacto ambiental, que también había optado por El Pisón, porque no se había justificado en el mismo esa elección.

Cada paso que da el Ministerio para la Transición Ecológica para rehacer la tramitación anulada o para activar parcialmente la instalación está siendo respondido en los tribunales por los afectados. En el caso de que la Declaración de Impacto Ambiental -que se otorgará previsiblemente dentro de un año, tras someter el proyecto a información pública- mantenga El Pisón, el conflicto jurídico irá probablemente a mayores: "Que no le quepa duda al Ministerio que los vecinos lucharán judicialmente, sin descartar la vía penal, en la defensa legítima de lo que entienden un anuncio de otro abuso", señala Abraira. El abogado ya había planteado la posibilidad de llegar a interponer una querella por supuesta prevaricación, llegado el caso. La firma del proyecto con la declaración de impacto ambiental corresponderá en último caso al Secretario de Estado de Medio Ambiente. El proyecto anulado por el Tribunal Supremo en 2016 había sido firmado por quien entonces ocupaba aquel cargo, que es la actual Ministra, Teresa Ribera. En referencia a eso, Marcelino Abraira señala que "confiemos en que (el estudio actual) se revise con más atención que la vez anterior por la autoridad competente para no volver a firmar un estudio ambiental que si vuelve a elegir El Pisón volverá a ser anulado por los tribunales", debido a que El Pisón es la zona con mayor población de las alternativas propuestas.

De momento, las medidas judiciales que están tomando los vecinos van por la vía contencioso-administrativa. El último recurso que les ha admitido a trámite la Audiencia Nacional es el que impugna el periodo de consultas previo a la elaboración del estudio de impacto ambiental. Alegan que no les informaron adecuadamente. Si prospera tiraría por la borda todo lo avanzado por el Ministerio tras la sentencia que bloqueó la activación de la depuradora, ya que no sólo habría que repetir el citado periodo de consultas, sino también la licitación en base a la que se contrató el nuevo estudio de impacto ambiental que ya está elaborado y que va a someterse a información pública en agosto y septiembre. En suma, se volvería al punto en el que se estaba en febrero de 2016.

La situación es delicada no sólo desde el punto de vista medioambiental, dado que las aguas residuales de la cuenca este de Gijón portan 3.285 toneladas de materia orgánica contaminante al año, que en su inmensa mayoría acaban en el mar Cantábrico (la planta de pretratamiento de El Pisón, la Plantona, atrapa sólo 500 toneladas).

También es delicada desde el punto de vista económico ya que desde el pasado 25 de julio cada día que pasa sin que una depuradora trate esas aguas le cuesta a España 24.450 euros, en base a las multas que le impuso el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir una sentencia de 2011 que le obligaba a resolver los problemas de saneamiento. España pagará 12 millones de euros por incumplir aquella sentencia y 10,95 millones de euros cada semestre (60.000 diarios) mientras no se resuelva la situación en los 9 núcleos urbanos que aún incumplen, de los que Gijón Este es el de mayor población. La multa se reducirá proporcionalmente a medida que se corrijan los problemas.

Abraira señala que "el derecho a la vivienda digna y sin un reactor biológico al lado de casa, está en la Constitución Española" y por ello están luchando en los juzgados los vecinos de El Pisón. El abogado recalca ante la sanción europea que "los culpables no son los vecinos. Son los políticos y técnicos que eligieron un lugar para la ubicación de la depuradora que fue arbitrario y lo es y lo será siempre; por tanto, no deberían reincidir en el error".

Así las cosas, Abraira ve ahora que han aumentado las posibilidades de obligar al Ministerio a volver al punto de partida con el contencioso interpuesto contra el periodo de consultas. El motivo es que el nuevo estudio de impacto ambiental incluye una quinta posible ubicación para la planta, junto a la depuradora de La Reguerona, en la zona oeste de Gijón, que no se incluía en el documento que se sometió a consultas.

"Este es el momento oportuno para abrir una negociación con los vecinos de El Pisón". El portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, insistía ayer cen la posibilidad de buscar una salida que permita superar el conflicto, después de que el estudio técnico encargado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) vuelva a optar por El Pisón como la mejor ubicación para la depuradora y de que una sentencia europea haya multado a España por incumplir la directiva de tratamiento de aguas residuales.

IU ya llevó esta propuestaal último Pleno municipal, donde fue apoyada por todos los grupos políticos salvo por Foro . El gobierno local se abstuvo entonces, si bien en febrero de 2016 el edil forista Esteban Aparicio había tanteado a los vecinos para ver si era posible abrir una negociación. La respuesta vecinal fue que no querían cambiar dinero por salud.

Instar a la apertura del diálogo con los vecinos fue también un planteamiento en el que ayer coincidieron el edil de Xixón sí Puede, David Alonso; el de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola y el portavoz municipal del PP, Pablo González quien añadió que su grupo ya tiene concertada una reunión con los afectados.

El portavoz municipal del PSOE, José María Pérez, por su parte, apuntó que ese llamamiento al diálogo con los vecinos es contradictorio con el hecho de que los demás grupos políticos municipales respaldaran el nuevo PGO en el que se contempla "como único emplazamiento posible para la depuradora la zona del Pisón".

Precisamente, los vecinos de El Pisón han presentado una alegación al PGO al considerar que ese espacio estaba destinado a un parque público originariamente. Respecto a la posibilidad de abrir negociaciones con la administración, el abogado de los vecinos señala que trasladará cualquier propuesta a sus representados, pero apunta que en 2016 la asamblea rechazó por unanimidad esa posibilidad.