No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Esa viene a ser la postura de la Plataforma Contra la Contaminación de Gijón, que reclama al Principado que las inspecciones ambientales a industrias las realicen funcionarios o al menos, que si sigue contratando organismos de control externos, que los mismos no trabajen también para las empresas que van a inspeccionar.
Esa es una de las principales alegaciones que la Plataforma ha presentado al Decreto de protección y control ambiental industrial en el Principado de Asturias. La Plataforma apunta que "los organismos de control ambiental que trabajen en el ámbito de las empresas potencialmente contaminantes no deberían contratar con la administración en labores de inspección ambiental, evitándose conflictos de intereses, situaciones de presunta influencia, incompatibilidades y malas prácticas" por lo que reclaman que el decreto establezca una incompatibilidad para contratar por haber contratado antes o hasta tres años después de una inspección con la empresa implicada.
El colectivo también reclama al Principado que refuerce los servicios propios de inspección, dado que "la carencia de inspectores ambientales cualificados hace que el control e inspección de las emisiones contaminantes a la atmósfera no se esté ejerciendo adecuadamente", por lo que reclaman la creación de un cuerpo de inspección ambiental con funcionarios públicos cualificados y que su número se fije en el decreto en función de un ratio relativo al número de empresas e instalaciones a controlar cada año.
Además, la Plataforma contra la Contaminación de Gijón considera que el decreto debería de contemplar el coste económico necesario para las inspecciones ambientales con suficiente personal, algo que no contempla.
Otras de las alegaciones que plantea este colectivo es que se hagan públicos los expedientes sancionadores a las empresas y los planes y programas de inspección ambiental, colgando mensualmente resúmenes de las actas de inspección en una página web de acceso libre e informando de cada fase del procedimiento a las personas o entidades que hayan formulado las denuncias.
En las alegaciones también se solicita que dejen de concederse prórrogas a las empresas que incumplen las condiciones ambientales para "seguir contaminando y atentando contra la salud pública y el medio ambiente basando su estrategia en el chantaje: empleo o contaminación". Reclaman además una cooperación entre administraciones más ágil, de tal forma que cualquier incidencia que comunique el Ayuntamiento de lugar a una inspección del Principado en 24 horas y no que se haga caso omiso, como sucede ahora en El Lauredal. También solicitan que el decreto se aplique a las partículas sedimentables.
