Los vecinos de la colonia de chalés de El Pisón se han mostrador firmes en su rechazo a que se active la depuradora construida junto a sus casas y ya anuncian nuevos pleitos para volver a bloquear su puesta en servicio, como consiguieran en 2016 tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a repetir el estudio de impacto ambiental en base al que se había elegido El Pisón. Son nuevos capítulos de una batalla legal contra el diseño del saneamiento gijonés que se remonta a hace 23 años, cuando en 1995 los propietarios de El Pisón acudieron a los juzgados para cerrar la planta de pretratamiento, la Plantona, que se había inaugurado junto a sus viviendas un año antes.
En 2006 los jueces dieron la razón a los propietarios en su pleito contra la Plantona, por la cercanía de la misma a sus viviendas. El Principado respondió con un cambio de la legislación aplicable y en 2010 los tribunales decretaron que la sentencia que habían ganado los vecinos era "inejecutable".
Aquel fallo que declaraba "inejecutable" la sentencia ganada por los vecinos llegó un año después de que éstos hubieran emprendido un nuevo pleito contra el proyecto de construir la depuradora del este junto a la Plantona y por tanto al lado de sus casas. Aquí los tribunales también les dieron la razón y la obra de la depuradora se paralizó en su recta final, tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que considera que el estudio ambiental que había optado por el Pisón no justificaba la elección. A raíz de la misma, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha vuelto a encargar un nuevo estudio de impacto ambiental que saldrá a información pública los meses de agosto y octubre.
Así las cosas, 27 años después de que en abril de 1991 Ayuntamiento, Estado y Principado firmaran el convenio para desarrollar el plan de saneamiento integral de Gijón, la ciudad sigue sin una de las dos depuradoras que ya entonces se habían previsto para limpiar sus aguas residuales. A esto último obligaba la directiva europea aprobada aquel mismo año y que es de obligado cumplimiento desde 2000.
La demora ha llevado al Tribunal de Justicia de la UE a imponer el pasado miércoles una multa millonaria a España por el incumplimiento en Gijón y en otras ocho localidades. En el mejor de los casos, la depuradora del este, que debe atender a una población equivalente de 161.800 personas, no entrará en funcionamiento hasta dentro de un año. Eso si el procedimiento para activarla no se enreda en los tribunales. Los vecinos ya han interpuesto varios contenciosos contra el procedimiento administrativo, que de cuajar obligaría a licitar de nuevo el estudio ambiental, volviendo así a la casilla de salida.
