La Fundación Municipal de Servicios Sociales, que preside la concejala forista Eva Illán, trabaja ahora mismo con la idea de sacar el próximo mes de septiembre una nueva convocatoria de ayudas del programa de renta social. Sería la tercera desde que se pusiera en marcha este plan en julio del año pasado y la primera del actual 2018. El planteamiento inicial era hacer esa tercera convocatoria en julio y preparar para finales de año una cuarta.
Así se había indicado desde el gobierno forista y así lo habían pedido Xixón Sí Puede e IU como impulsores de una iniciativa pionero en Gijón y Asturias. Estas ayudas complementarias para familias con bajos ingresos se sustancian en tarjetas de compra para productos básicos. El hecho de que las compras se tuvieran que hacer en comercios locales -a través de un convenio de colaboración con la Unión de Comerciantes- también ha servido como elemento dinamizador de la economía local.
Pero con la pervivencia de la renta social más que los plazos, el problema son los recursos. Los tiempos se alargan y los dineros se acortan. El repunte de las peticiones de ayudas de emergencia, que desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se vincula a las demoras en las tramitaciones del salario social del Principado de Asturias, está teniendo su incidencia en el resto de los programas de la Fundación. Y más en concreto en la renta social.
El sistema de bolsas de vinculación ayuda a mover dinero de un programa a otro según las necesidades de cada momento. Pero los euros son los que son. No hay más. Y con las exigencias de control de gasto que impone el Plan Económico Financiero tras el incumplimiento de la regla de gasto la situación es aún más complicada.
La renta social empezó 2018 con una partida presupuestada de 3,2 millones. Dinero que ya incluía más de un millón de euros comprometidos por las ayudas concedidas en 2017. En su momento, el equipo directivo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales fijaba entre 1,6 y 2,1 millones el dinero que daría soporte a las ayudas de esta tercera convocatoria. Se entendía que era dinero suficiente para acometer las necesidades de 2018 ya que, entre otras cosas, se cambiarían las bases para que los pagos fueran semestrales y no anuales como ahora.
Servicios Sociales espera tener concretado en septiembre el dinero efectivo que se puede dedicar al programa de renta social. Sea el que sea estará muy lejos del dedicado en 2017. Entonces, al presupuesto inicial de 3,2 millones se sumaron otros 5,7 millones de remanentes. Un cómputo para ayudas de más de 8 millones del que se hizo un gasto efectivo de cinco millones. Este nivel de ejecución de la renta social fue elemento sustancial en el incumplimiento del techo de gasto por parte del Ayuntamiento. Este año ni hay remanente ni posibilidad de ir más allá de los 3,2 millones en gasto por una imposición del Plan Económico Financiero.
Teleasistencia
La renta social no es el único problema que tiene entre manos la Fundación de Servicios Sociales. Ayer mismo tuvo lugar una junta rectora extraordinaria para dar luz verde a un contrato puente que garantice que el servicio de teleasistencia no se paralice en septiembre. Algo factible después de que un recurso de la Federación Empresarial de la Dependencia obligará a anular la licitación en marcha para contratar el servicio los próximos dos años. Este contrato puente de unos 100.000 euros y poco más de un mes, da margen a Servicios Sociales para gestionar el contrato definitivo sin dejar ni un día sin servicio a los usuarios.
La licitación salió adelante con los únicos votos favorables de Foro. El resto de los grupos políticos optaron por la abstención para, sin bloquear un procedimiento necesario, dejar constancia de sus críticas a lo que, consideran, es una mala planificación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales en materia de contratación. Ya hubo problemas antes con la teleasistencia y tampoco fue fácil dar cobertura a la ayuda a domicilio tras la polémica política sobre su remunicipalización.
