Tras varias jornadas de silencio del gobierno forista de Gijón y presión política por parte de todos los grupos de la oposición, Carmen Moriyón ponía ayer en marcha la maquinaria para intentar aclarar el grado de penetración de la trama del caso "Enredadera" en el Ayuntamiento de Gijón tras detectarse referencias a funcionarios locales y opciones de contrato en las escuchas que figuran en el sumario del caso que investiga un juzgado catalán.
"A mi lo que me consta es que yo no he tenido ningún contacto político ni ninguna reunión con las personas que entiendo aparecen en los medios de comunicación", dejaba bien claro la alcaldesa de Gijón, al tiempo que aseguraba que "lo que interesa saber es si hubo alguna empresa que tenga adjudicado algún contrato y en qué circunstancias".
Para lograr esa información Moriyón anunciaba haber solicitado "un rastreo exhaustivo" de los procesos de contratación municipal con el objetivo de detectar la "posible existencia" de algún contrato del Ayuntamiento con las empresas implicadas en la trama. Moriyón ha solicitado esos informes a la Interventora municipal, el secretario de la Junta de Gobierno, el jefe de la asesoría jurídica, la secretaria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la jefa del servicio de contratación del Ayuntamiento. "Todas las personas con autoridad en la materia", concreta.
No sólo les pide que le informen de las posibles contrataciones también solicita que se describan las circunstancias de la adjudicación y la composición íntegra de la mesa de contratación "que hipotéticamente hubiera adjudicado el contrato". La solicitud de información se hace pidiendo una respuesta "a la mayor urgencia".
En una comisión de Hacienda y Administración Municipal se había asegurado que no había relación con empresas del caso "Enredadera" pero, explicó Moriyón, "una cosa es que los servicios te informen de palabra. Yo con eso no tengo la constancia, no es suficiente, por eso he pedido los informes". Por otro lado, Moriyón aseguró que "no le consta" que los investigadores policiales o judiciales del caso hayan solicitado información al Ayuntamiento de Gijón sobre este asunto. "Ni me consta a mi, ni al secretario general que es con quien trabajo de forma más cercana", concretó.
Moriyón anunciaba esa investigación interna alrededor de las once y media de la mañana tras participar en un acto en honor a Jovellanos. Una hora después, y a través de un comunicado público, se anunciaba la convocatoria de un pleno extraordinario para el día 16 en respuesta a una petición registrada por el Partido Popular.
Pero en la petición del PP no sólo se exige que comparezca Moriyón, también se plantea crear una comisión no permanente (no hay comisiones de investigación) desde la que se impulsen, entre otras medidas, la revisión de contratos y la recogida de información sobre contactos "con fines comerciales, informativos y técnicos. "La investigación implica a destacadas personas del partido en el Gobierno, pero sobre todo daña a la institución y a la ciudad en su conjunto, por eso es urgente despejar cualquier sombra de corrupción aportando transparencia", explicó el portavoz popular Pablo González. El PP también considera necesario y urgente que el Ayuntamiento de Gijón se persone en la causa "como han hecho otros ayuntamientos".
También formalizaba ayer una solicitud de comparecencia de Carmen Moriyón en Pleno el portavoz del grupo Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo. En su propuesta se hace referencia expresa a la necesidad de aclarar la reciente contratación de la empresa Aralia Servicios Sanitarios para gestionar el servicio de ayuda a domicilio. Esta empresa no está incluida en la operación "Enredadera" pero sí tiene como propietario a José Luis Ulibarri, uno de los empresarios detenidos. XSP ya planteó hace unas semanas rescindir el contrato con la empresa, que empezó a trabajar para el Ayuntamiento el 1 de julio.
