Ajustado a la normativa de contratación del sector público. Así entiende la Secretaría General del Ayuntamiento de Gijón que se realizó desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que preside la edil forista Eva Illán, la contratación del servicio de ayuda a domicilio a Aralia Servicios Sanitarios, una de las firmas de la familia del detenido empresario José Luis Ulibarri que está siendo investigada en la operación "Enredadera".
Con un gasto de 9,6 millones en cuatro años es el contrato de mayor envergadura de los dos detectados en el Ayuntamiento de Gijón en un rastreo de empresas de "Enredadera" encargado por la Alcaldía. El otro es la compra de un coche para el equipo de bomberos por algo menos de 400.000 euros.
El informe emitido ayer por la vicesecretaria del Ayuntamiento -y en el que se remite a un informe de principios de julio de la Secretaría y la Intervención municipal- destaca que todos los actos del procedimiento de adjudicación del contrato "se fueron publicando en los medios que se determinan en la Ley de Contratos del Sector Público". La presidenta de la mesa de contratación fue la directora de la Fundación y en ella participaron dos técnicas de la entidad, además de los representantes de Intervención y Secretaría General. Tanto la composición de la mesa como sus decisiones se publicitaron, como se recuerda en el informe.
Este proceso de contratación arrancó tras una dura pugna política por la remunicipalización del servicio, que había solicitado Xixón Sí Puede y apoyado inicialmente Foro. Tras más de un año de debate, la regidora Carmen Moriyón cerró esa opción alegando que no tenía soporte técnico ni jurídico.
Al proceso se presentaron cinco empresas -ninguna de ellas las que hasta el momento tenían el servicio- pero sólo llegaron al final Aralia y Caser. Inneria Solutions no pudo completar las exigencias de documentación y Antonio Corripio Servicios y Servisar optaron por retirarse. Aralia consiguió un total de 86 puntos frente a los 81,04 de su oponente. El empujón lo consiguió en el apartado de criterios objetivos. El resultado de la adjudicación no fue impugnado ni recurrido por ninguna empresa. Aralia empezó sus servicios el uno de julio.
El colectivo de trabajadoras que siguen luchando por su municipalización y Xixón Sí Puede mantienen que en este tiempo ya han incurrido en incumplimientos que deberían llevar al gobierno forista a la resolución del contrato. La concejala Nuria Rodríguez hablaba ayer mismo de la ausencia de coche de sustitución y falta de personal de coordinación, además de que "no cobran lo que tienen que cobrar y no tienen el descanso pactado".
