Los vecinos de la colonia de chalés de El Pisón han presentado requerimientos al Ayuntamiento de Gijón, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y al Ministerio para la Transición Ecológica para que ordenen "la paralización inmediata" del desarenado y desengrasado de la depuradora de El Pisón, que comenzó a funcionar el miércoles de la semana pasada sin que los vecinos tuvieran conocimiento de ello. Su abogado, Marcelino Abraira, advierte a ambas administraciones de que en caso contrario interpondrán un recurso contencioso administrativo y estudiarán la posibilidad de iniciar acciones penales por la supuesta "activación clandestina" de esos sistemas de pretratamiento al no haberlo comunicado previamente a los vecinos de El Pisón.
La depuradora de El Pisón está prácticamente concluida desde 2016, aunque no en su totalidad. La obra fue paralizada en abril de aquel año tras la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a los propietarios de los chalés colindantes, anulando el estudio ambiental en base al que se había elegido ubicar la depuradora junto a la planta de pretratamiento de aguas residuales, La Plantona. El Ministerio ya ha recibido un nuevo estudio ambiental, pendiente de sacar a información pública y que considera El Pisón la mejor ubicación para la depuradora, algo contra lo que los vecinos volverán a pleitear.
En septiembre de 2017 la Audiencia Nacional autorizó la entrada en servicio, provisional, de los equipos de desarenado y desengrasado de la depuradora. Esos equipos estaban anteriormente en la Plantona, de donde se demolieron para ubicarlos en la depuradora. Los vecinos han impugnado ante el Supremo esa autorización provisional.
Además, Abraira sostiene que la autorización provisional de la Audiencia no es suficiente, por sí misma, para poner en marcha el desarenado y desengrasado, procesos que suponen un 0,43% de la depuración de las aguas residuales de la cuenca este de Gijón. Según los vecinos era necesario un periodo de información pública para presentar alegaciones, elaborar un estudio ambiental y obtener una licencia municipal. Al no haberlo hecho, el representante de los vecinos considera que los equipos se han activado de "forma clandestina", por lo que da 10 días de plazo al Ayuntamiento, a la Confederación y al Ministerio para que los paren.
"Pasado ese plazo sin respuesta haremos lo siguiente: Incidente ante la Audiencia Nacional para que les retire el permiso dado por incumplimiento de la administración de toda la normativa vigente; contencioso administrativo contra el Ayuntamiento, la Confederación y el Ministerio con petición cautelar suspensiva del funcionamiento y estudio de posible presentación de querella criminal por presunto delito de prevaricación administrativa contra todos los intervinientes en esta situación", señala Abraira.
