En muy pocos días se cumplirán tres años desde que el Pleno aprobara, por unanimidad , modificar la ordenanza de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales. Una normativa que salió adelante a mediados de 2013 gracias a la suma de los votos de Foro y el PP con la intención de poner coto, entre otros problemas, al "botellón" y que nunca contó con un consenso social ni en sus planteamientos ni en su ejecución del día a día.

Pasados tres años no sólo no se ha completado la reforma sino que los últimos vaivenes en el proceso de participación social abierto para elaborar la nueva ordenanza entre todos hacen casi imposible -salvo milagro que nadie espera- que la tramitación pueda completarse antes de que termine este mandato electoral.

Ahora mismo, el proceso participativo está pendiente de que se organicen una comisión o grupo de trabajo específico dentro del Consejo Social de la ciudad. Es es la decisión que se acabó tomando tras cuatro desilusionantes reuniones del recién creado consejo de participación de la convivencia ciudadana. Un espacio de relación y trabajo al estilo del Foro de la Movilidad creado para diseñar el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura. El planteamiento trasladado al debate de la convivencia no resultó tan exitoso. La primera en la frente: de las 220 personas convocadas a la primera reunión fueron una treintena, la mayoría representantes de los grupos políticos de la Corporación y de distintos estamentos del Ayuntamiento.

Todo lo que tiene que ver con la reforma de la ordenanza de convivencia ha ido a trompicones. A principios de 2016 se presentaba, por un lado, un borrador de trabajo en la comisión de Seguridad Ciudadana y, por otro, un modelo de participación ciudadana a través de la plataforma participa.gijon.es donde se plantearon una batería de preguntas. Ese proceso de participación electrónica se cerró en septiembre sin demasiado éxito.

En cuanto al anteproyecto de ordenanza la novedad más reseñable era la desaparición de los artículos de la normativa vinculados a la degradación visual del entorno y las necesidades fisiológicas porque tendrían su acomodo en una nueva ordenanza sobre gestión limpieza viaria.