La jueza de instrucción de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dado luz verde a la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación por la adjudicación directa de las actividades lúdicas del programa "A ver la ballena" por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón a la Asociación Cultural Aeropuerto. Ante la jueza deberán responder Fernando Menéndez Rexac (expresidente de El Musel) y José Luis Díaz Rato (exdirector del Puerto). También el director de Planificación Estratégica del Puerto y la representante de la citada asociación cultural. Todos se enfrentan, como pedía el fiscal anticorrupción, a la acusación de prevaricación, que podría llevar aparejada una condena de inhabilitación.

El procedimiento se ha sobreseido para otros cinco investigados, y la jueza, tras la fase de instrucción, también considera que los investigados no deberán responder por un delito de cohecho, como se planteó en un principio. Así pues, los imputados han pasado de nueve a cuatro, y únicamente por un supuesto delito de prevaricación -relativo a resoluciones arbitrarias-, pero no de soborno. Las partes disponen ahora de un breve plazo para presentar recurso de reforma, algo que ya han anunciado que harán. De hecho, la apertura de juicio oral por estos hechos ha causado estupor entre algunos de los investigados, que consideran que el escrito de acusación de la Fiscalía que ha asumido casi de forma literal la jueza Lamela "contiene una incorrección tras otra".

El caso de "A ver la ballena" se constituyó como pieza separada dentro del "caso Musel", y en ella se investiga el destino de los 902.517 euros que pagó la UTE Dique Torres, adjudicataria de la obra de ampliación de El Musel, como patrocinio de "A ver la ballena". La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la jueza la elaboración de un informe pericial para dirimir las responsabilidades de un total de nueve imputados. Y el informe considera irregular la adjudicación directa que hizo la Autoridad Portuaria de Gijón a la Asociación Cultural Aeropuerto para que organizara las actividades lúdicas de un programa que se celebró en el entorno del Puerto Deportivo entre 2004 y 2011 y que dinamizó durante años el verano gijonés.

Dicho documento señala que el encargo del Puerto a la asociación se hizo sin que mediara contrato en 5 de los 8 años en que se celebró la actividad; que en otro año se recoge un gasto inferior al presupuesto y que en un último el contrato está sin firmar. Por otra parte, sólo en 2004 se firmó un contrato de patrocinio. Los dos expedientes de contratación que se efectuaron en 2004 y 2005, además, vulneraron según las tesis acusadoras la normativa de contratación de Puertos del Estado por no haber exigido los requisitos obligatorios al contratista. El Puerto tampoco solicitó un mínimo de tres ofertas, necesarias cuando los contratos superaban los 25 millones de pesetas (150.000 euros).

Por todo ello, la jueza Lamela considera que se debe continuar con el procedimiento abreviado y abrir juicio oral contra cuatro acusados por un delito de prevaricación. En el caso del delito de cohecho, "no ha quedado indiciariamente acreditado en las actuaciones que desde la UTE Dique Torres, adjudicataria del Proyecto de Ampliación del Puerto de Gijón se hubiera realizado ningún pago o dádiva a autoridades ni funcionarios de la Autoridad Portuaria de Gijón en relación con la adjudicación del contrato".